La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en su lista de países de Latinoamérica que necesitan mejorar la defensa y vigilancia de los derechos humanos. La CIDH, que el año pasado recibió la cifra sin precedentes de 1456 denuncias y tramitó un record de 1251 casos y peticiones, incluye en su “lista negra” a los mismos cuatro países que figuraban en el informe anterior.

En el caso de Colombia, la CIDH señala que es consciente de la compleja situación que afronta el país por la influencia de factores relacionados con el narcotráfico, la violencia de los actores del conflicto armado sobre la población civil y de los esfuerzos del Estado por lograr la pacificación. No obstante, advierte que, pese a la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “persiste la violencia derivada del conflicto armado”. También destaca el impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, sobre grupos vulnerables como indígenas y comunidades afrodescendientes. Subraya las crecientes denuncias sobre violación de los derechos fundamentales por parte de miembros de la fuerza pública, así como los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por la guerrilla y otros grupos armados ilegales.

En lo referente a Venezuela, se muestra muy crítica con la postura del gobierno de hacer caso omiso a su pedido de realizar una visita para analizar la situación de los derechos humanos en el país. A la CIDH le preocupa la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, la represión de la protesta social, el hostigamiento a ONG y el funcionamiento de la Justicia. Destaca los obstáculos directos e indirectos en Venezuela a la libertad de expresión y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.

Cuba, que fue excluido en 1962 de la OEA, es analizado a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que la medida no implica “de modo alguno que (Cuba) pueda dejar de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El organismo manifiesta que las restricciones a los derechos políticos, la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y de independencia del Poder Judicial “configuran una situación permanente de transgresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Sobre Haití, la CIDH observa una “notable mejora” en materia de seguridad y de derechos humanos, y reconoce una serie de iniciativas del Estado para enfrentar desafíos fundamentales que permitan lograr una paz y seguridad duradera. Pese a los signos de progreso, la situación de Haití “sigue siendo precaria” y las instituciones del Estado son “frágiles y deficientes”, así como la situación social y económica, subraya el organismo.