Desde Santa Cruz

“¡Vamos por el Sí! ¡Sí! ¡Vamos por la Autonomía!”, repite el coro femenino, el único verso que existe. El jingle autonómico invade cada centímetro de Santa Cruz de la Sierra. Esta ciudad maloliente, sucia y de diseño improvisado está cubierta por el flamear verde y blanco de la bandera departamental. No hay lugar para que los ojos descansen de las consignas: “Ya somos autónomos carajo!”, “Sí Autonomía”, “Autonomía, Democracia y Libertad”, “Que nada ni nadie nos detenga”, se lee invariablemente en los parabrisas de las 4x4 imponentes, de los Toyota destartalados de los taxistas. Por las avenidas desfila una caravana compuesta por un camión y vehículos con carcasas de tortuga y dinosaurio. La ciudad está de fiesta y se reserva el derecho de admitir información sobre qué se votará el domingo que viene. En las áreas rurales, campesinos e indígenas rechazan el estatuto y se declaran “autónomos”, en sintonía con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que en Bolivia ya tiene rango de ley.

Según encuestas de Captura Consulting –de confianza para la prefectura cruceña y el Comité Pro Santa Cruz–, el próximo domingo 900 mil personas concurrirán a las urnas. Y el 80 por ciento le dirá “Sí” a un estatuto autonómico que sólo leyó el 15 por ciento de los votantes. Desde la ONU y la OEA, donde sí lo leyeron, aseguran que se trata de un estatuto “separatista y racista”. La Corte Nacional Electoral (CNE) lo considera ilegal porque no se enmarca en la Constitución vigente. Pero la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, en rebeldía, lo cree “legítimo”. El presidente de esta Corte, Mario Orlando Parada, sostuvo: “Presumimos que los actos del prefecto (Rubén Costas) son constitucionales mientras no se demuestre lo contrario. Hay que dejar en claro que nosotros (la Corte Departamental) ni la Corte Nacional emitimos juicio de constitucionalidad. Hay un Tribunal Constitucional en Sucre que es el único que puede hacerlo”. Pero el Tribunal Constitucional no funciona desde el año pasado por falta de miembros. El Congreso debería nombrar nuevos jueces, pero está dividido como Bolivia y no puede alcanzar ningún acuerdo.

Entonces en Santa Cruz manda el más fuerte. La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) no permite manifestaciones en contra del gobierno prefectural. Y si alguien se atreve, ahí van los hijos de empresarios, estudiantes, barrabravas de Oriente Petrolero y Blooming con sus palos, piedras y escudos para gritarles “Viva Santa Cruz” y “Autonomía” a “los collas de mierda”. No hay lugar para los tibios aquí. El que no está con la autonomía es un enemigo de Santa Cruz, agrega su nombre a la lista negra de “enemigos sentenciados” del departamento y merece juntar sus dientes del suelo.

El panorama cambia afuera de la ciudad. Santa Cruz tiene dos millones de habitantes, un millón y medio urbanos. El medio millón de campesinos e indígenas restante se mantiene fiel al presidente Evo Morales u opta por un silencio saludable. Varias comunidades indígenas del departamento se proclamaron “autónomas”, según lo establecido por la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, hecha ley Nº 3760 por el Congreso. Así intentan desligarse del abrazo prefectural y advierten: “No traigan urnas a nuestras comunidades porque las vamos a incendiar”. La primera reacción de la UJC fue declarar que “las urnas van a entrar sí o sí”: por las buenas o a palo y cascote. La estrategia de los pueblos indígenas de Santa Cruz –Chiquitano, Ayoreo, Mojeño, Guarayo y Guaraní– será no participar en un referéndum por un estatuto ilegal. Por si quieren obligarlos, en las comunidades circula la directiva de “preparar arcos, flechas y armamentos tradicionales”, planteada por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob).

Santa Cruz tiene poblaciones íntegramente de collas venidos para trabajar. La más grande es Plan 3 mil, con 200 mil personas que apoyan a Evo. En el área rural están Comarapa y San Pedro, por ejemplo, donde este fin de semana hubo enfrentamientos entre autonomistas y defensores del primer presidente indígena. En ambos pueblos el conflicto tuvo el mismo inicio: los autonomistas querían plantar en la plaza un mojón de madera con la leyenda “Autonomía”. Pero los partidarios de Evo querían sacarlos e incendiarlos. Tras la batalla, los autonomistas de San Pedro pudieron rescatar su mojón y llevarlo a un lugar seguro. Pero en Comarapa el leño de la discordia ardió.

En el municipio cruceño de San Julián es donde el gobierno nacional tiene más apoyo. Allí, las escuelas no estarán abiertas para el referéndum del “4-M”, como ya le dicen. Por ello, los autonomistas instalarán la mesa de votación en la plaza del pueblo.