Desde Madrid

Era una de las causas que mantenía alta la tensión diplomática entre Estados Unidos y España desde que José Luis Rodríguez Zapatero retiró las tropas de Irak en marzo de 2004, apenas comenzar su primer mandato. Ayer la Audiencia Nacional española decidió rechazar la posibilidad de juzgar a los tres militares norteamericanos que mataron en Bagdad el 8 de abril de 2003 al camarógrafo de la cadena Telecinco José Couso, que se encontraba en una de las habitaciones del hotel Palestina cuando las fuerzas norteamericanas lo bombardearon desde un tanque de guerra. La familia del camarógrafo anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

El 27 de abril del año pasado el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había procesado a los tres militares norteamericanos acusándolos de un delito de asesinato por alevosía y otro contra la comunidad internacional, que se castiga con 10 a 15 años de cárcel según el código penal español. El sargento Thomas Gibson y sus superiores, el teniente coronel Philip de Camp y el capitán Philip Wolford pueden dormir tranquilos, ya que según el alto tribunal español los “indicios no son suficientes” para presumir que el disparo contra el hotel Palestina haya sido intencional, sino que se trató de un “acto de guerra” en el que no se puede apreciar la voluntad “de aterrorizar a la población civil”.

La sentencia no fue firmada por unanimidad, ya que de los tres magistrados españoles que se pronunciaron, uno de ellos, José Ricardo de Prada, emitió un voto particular en desacuerdo, puesto que da a entender que en la guerra “no hay normas que regulen las conductas de los combatientes ni protejan a las víctimas civiles y que en ella casi todo es incontrolable y posible”. Según el juez disidente, los argumentos utilizados por los otros dos jueces, Angel Hurtado y Fermín Echarri, son “insólitos” y de ser aplicados en todos los casos llevaría “al desprocesamiento de prácticamente la totalidad” de los casos que se instruyen en la Audiencia Nacional. “Cuando menos cabe apreciar un ataque intencional, indiscriminado y desproporcionado contra objetivos civiles”, concluye.

La Fiscalía española, por su parte, había pedido el archivo de la causa con argumentos similares a los que sostuvieron ayer los jueces que presentaron la ponencia mayoritaria, considerando que la muerte del camarógrafo era un “acto de guerra”. Habitualmente, a pesar de que legalmente es independiente del Estado, la Fiscalía suele representar la opinión del Poder Ejecutivo, con lo cual el gesto de distensión hacia Estados Unidos por parte de la administración Zapatero ha quedado meridianamente claro. Las relaciones entre ambos países pasan por su punto más bajo en muchas décadas y han llegado al extremo de que Rodríguez Zapatero no se ha encontrado con el presidente norteamericano, George Bush, desde que fue elegido primer ministro, en marzo de 2004.

Fuentes diplomáticas españolas consideran que esa anomalía debe concluir, en beneficio de las relaciones entre ambos países. Aunque la decisión de la Audiencia Nacional de ayer no significa el archivo definitivo de la causa, ya que se trata simplemente de una orden emitida al juez Pedraz para que revoque el procesamiento de los militares y las medidas cautelares que adoptó al iniciarla, entre las que se halla la orden internacional de búsqueda y captura de los uniformados. Ahora la pelota queda en manos del propio Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, que en los próximos días deberá decidir si continúa con la investigación o termina por otorgar el sobreseimiento a los acusados.

La familia de José Couso, a través de sus abogados, ha hecho saber que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo, ya que considera que está más que probado que se trató de “un ataque indiscriminado con absoluto conocimiento de que se trataba de un hotel de periodistas protegido internacionalmente”.