Mirador
Citan a 80 militares
La Justicia uruguaya llamará a declarar a 80 militares retirados en el juicio contra el dictador Gregorio Alvarez (foto), una cifra inédita para los procesos por crímenes de la dictadura en el país vecino. El juez Luis Charles anunció ayer que citará a todos los miembros del Estado Mayor del Ejército y la Junta de Comandantes de las tres armas de los años 1978 y 1979. Los mandos militares, así como sus secretarios y allegados, deberán declarar en la causa en la que se investiga el traslado clandestino y la desaparición de militantes de izquierda en Argentina y Uruguay, como parte del llamado Plan Cóndor. El 18 de junio decenas de oficiales retirados pisarán por primera vez los tribunales de Montevideo para dar explicaciones por los llamados vuelos de la muerte, todos realizados antes del golpe de Estado en 1980. Según determinó el año pasado el presidente Tabaré Vázquez, el dictador no estaba cobijado por la Ley de Caducidad porque los crímenes habían ocurrido antes de la dictadura y fuera de las fronteras del país. En la causa también están procesados el ex marino Juan Carlos Larcebau y su colega Jorge Tróccoli. El gobierno uruguayo volverá a pedirle a Italia la extradición de este último en las próximas semanas.
Policías verdugos
Para la ONU, la policía de Río de Janeiro no mata sino que ejecuta. Así lo denunciará el relator para Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales, Phillip Alston, cuando presente su informe mañana sobre las 1330 personas que mató la policía carioca el año pasado. “Muy raramente esas muertes calificadas por los propios policías como autos de resistencia son investigadas”, explica el texto que será entregado en Ginebra. Según el relator, el gobierno quiere estandarizar los operativos represivos en las favelas como el modelo de lucha contra el narcotráfico en todo el estado. Adelantándose a la durísima crítica, el gobierno de Río difundió un comunicado ayer. “El enfrentamiento es indeseable pero inevitable. No hay plazo ni magia. Es un trabajo serio, permanente y hecho con inteligencia”, aseguró el gobernador Sergio Cabral, un aliado de la mano dura y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A principio de año, la ONU había criticado las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles brasileñas.
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