Desde México, D. F.

México dijo que siempre no. Luego de meses de negociaciones entre los gobiernos de George W. Bush y Felipe Calderón –de las que no informaron a nadie, sino hasta que tuvieron lista su iniciativa contra el narcotráfico–, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, dijo ayer que el Plan Mérida es “verdaderamente difícil” de aceptar debido a los cambios que introdujo el Senado estadounidense y que implican la supervisión de las policías y las fuerzas armadas mexicanas, además de la rendición de cuentas sobre los fondos que serían destinados a este país.

“Hay todo un contexto de unilateralidad en una serie de mecanismos de seguimiento que el gobierno de Estados Unidos ha planteado y que lo hacen verdaderamente difícil de aceptar”, declaró Espinoza, luego de informar que la posición mexicana le había sido expresada al subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte (ex embajador de Estados Unidos en México), la noche del lunes en Medellín, durante la reunión de cancilleres de la OEA.

La postura del gobierno de Calderón contrasta con el entusiasmo demostrado cuando los gobiernos de ambos países anunciaron hace ocho meses una copia del Plan Colombia para frenar el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. El plan original incluía 500 millones de dólares de asistencia para el gobierno mexicano, pero el Senado estadounidense lo redujo el 22 de mayo a sólo 350 millones e incluyó 100 millones para Centroamérica, Haití y República Dominicana. Y sobre todo condicionó los recursos a la rendición de cuentas.

Las declaraciones de Espinoza en Medellín incluso han sido motivo de escarnio en México, pues varios analistas han resaltado el doble discurso de la administración de Calderón, que se rasga las vestiduras en discursos retóricos por la pretendida injerencia estadounidense mientras intenta denodadamente abrir el estratégico sector petrolero al capital extranjero pese a las prohibiciones constitucionales.

Y es que en Estados Unidos ni siquiera confían en el destino que se les dará a los recursos en México, donde la guerra contra el narco deja saldos cada vez más sangrientos, como los más de 400 ejecutados el mes pasado tan sólo en dos estados fuertemente militarizados.

Ahora la canciller de Calderón reclama “igualdad de condiciones” para ambos países y una “genuina cooperación sobre corresponsabilidad”, lo que implicaría que Estados Unidos reduzca sus niveles de narcodependencia y el tráfico de armas hacia México que nutre a los sicarios de todos los carteles de la droga. Incluso, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el oficialista Ulises Ruiz Ramírez, ayer le mandó un recado a Washington: “¿Qué les parecería que nosotros pidiéramos, para poder aceptar los recursos, que podamos certificar a las policías en Estados Unidos?”. La respuesta de muchos es: “Da risa”.

De hecho, el subsecretario de Estado Negroponte viajó a Medellín para alabar el Plan Mérida y destacó el “liderazgo” de Colombia y México en “garantizar la seguridad hemisférica”. En su discurso en la OEA, mezcló los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá, el combate al narcotráfico y la guerra contra las FARC. Ayer mismo viajó a El Salvador, y de ahí partirá a Honduras y Guatemala, como parte de su promoción del Plan Mérida.

Como sea, él sabe que la inusitada oposición es sobre todo retórica, y que al final el gobierno conservador de Calderón terminará aceptando lo mismo que hoy rechaza, con apenas unos matices que le permitan lavarse la cara ante la sumisión a la Casa Blanca.