Desde Santa Cruz de la Sierra

En el ambiente político, a Carlos Sánchez Berzaín le decían “Chulupi”, la palabra guaraní con la que los bolivianos designan a la cucaracha. Cuando se convirtió en ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada lo apodaron “el Zorro”, que prefería a la comparación con el insecto. Con las virtudes de ambos seres vivos, Sánchez Berzaín consiguió que Estados Unidos lo nombrara “perseguido político” del gobierno de Evo Morales. Elude, así, el juicio por la muerte de 68 personas en la Guerra del Gas de 2003, cuando los órganos de seguridad masacraron a quienes se manifestaban contra el gobierno que integraba. Desde su exilio en Miami, Sánchez Berzaín sostuvo que lo sucedido en octubre de 2003 fue “deliberadamente planificado, propiciado, ejecutado e impulsado por Evo Morales, con el financiamiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, y con la tecnología subversiva de los cubanos”. El abogado que le gestó el asilo político, Gregory Craig, es asesor en política internacional del candidato presidencial demócrata, Barack Obama. Desde las organizaciones que buscan justicia afirmaron que la maniobra puede retrasar su extradición por meses o años.

El año pasado, la Fiscalía General de Bolivia acusó ante la Corte Suprema de Justicia a Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe –ex ministro de Hidrocarburos– por los delitos de genocidio en octubre de 2003. Tras la masacre todos huyeron a Estados Unidos. “Tengo asilo político en Estados Unidos porque soy un perseguido político. He demostrado todo, por eso tengo este estatus”, dijo el ex ministro de Defensa. Rogelio Mayta, representante legal del Comité Impulsor de Responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, dijo a PáginaI12 que los documentos presentados por Sánchez Berzaín para demostrar que necesita el asilo “son informes suscriptos por el ex embajador de EE.UU. en Bolivia, David Greenlee, donde quiere hacer ver que Sánchez de Lozada ha sido derrocado por un verdadero complot en el que habrían trabajado coordinadamente Felipe Quispe y Evo Morales”.

Sánchez Berzaín aprovecha toda ocasión para decir que, en realidad, el culpable de las 68 muertes y los 400 heridos es su perseguidor, Evo Morales. Para Mayta, se trata de “una estrategia jurídica y mediática que le permiten sostener su asilo. Además, sería muy incómodo para él aceptar que quienes lo persiguen son centenares de víctimas, viudas y huérfanos”. El ex ministro dijo que le dieron el asilo hace un año. Según Mayta, el refugiado sacó ventaja de la lentitud del Poder Judicial, que aún no puso fecha al inicio del juicio. “No podíamos esperar otra cosa de Estados Unidos, que protege a Sánchez de Lozada”, dijo.

La Embajada de Estados Unidos dijo que emitirá un comunicado sobre el tema. Desde el Palacio Quemado, el presidente hizo “un pedido muy respetuoso: no es posible que el gobierno de Estados Unidos sea protector de los delincuentes, de gente que ha hecho mucho daño no sólo a Bolivia sino a Latinoamérica”. E indicó: “Respetamos las diferencias programáticas, ideológicas y culturales con los gobiernos. Pero no puede perdonarse que la gente que hace daño a la patria y al ser humano sea protegida por algún gobierno”.

El abogado de las víctimas dijo que ahora “va a ser muchísimo más trabajo impulsar una extradición exitosa. Puede durar meses e incluso años”. Además, otros implicados, ex ministros y el ex presidente Sánchez de Lozada pueden seguir los pasos de Sánchez Berzaín.