Uruguay destituyó a su embajador en Italia por haberse ido de viaje cuando debía extraditar a un represor. Después de recibir presiones de organismos de derechos humanos, el canciller Gonzalo Fernández confirmó ayer el cese de funciones de Carlos Abín por demorar la extradición del ex marino uruguayo Jorge Tróccoli y permitir su liberación. “Hubo una demora injustificada que se debe a que el embajador estaba ausente de la embajada y no dio las instrucciones pertinentes que en su momento le fueron requeridas para tramitar el exhorto”, dijo.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y el canciller tomaron la decisión a pesar de que el embajador ocupa un cargo político y es un reconocido militante del gobernante Frente Amplio. Una investigación determinó que Abín no estaba en Italia cuando llegó a la embajada en Roma la solicitud de extradición hecha por la Justicia uruguaya. En cambio, el funcionario de la Vertiente Artiguista (sector moderado del FA) había viajado a España por temas personales.

Cuando Abín regresó a Italia ya era tarde. El plazo para extraditar a Tróccoli había vencido, por lo que el ex marino, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985, recuperó la libertad y ahora reside en Italia.

Hace dos semanas el embajador viajó a Montevideo para explicar su actuación y puso su cargo a disposición. Enseguida, los familiares de uruguayos detenidos-desaparecidos pidieron su cabeza y el propio Frente Amplio lo criticó, pero el gobierno decidió ratificarlo mientras terminaba la investigación. Ayer concluyó la pesquisa y el diplomático perdió el cargo. Su partido respaldó la decisión y dejó abierta la posibilidad de expulsarlo también de sus filas.