Desde París y Bruselas

Después del rechazo irlandés al Tratado de Lisboa, anoche los líderes políticos de Europa trataban desesperadamente de mantener los planes de reforma para la Unión Europea. Los gobiernos de Francia y Alemania fueron los encargados de llamar a las otras 26 naciones y presionar para seguir adelante con la ratificación del acuerdo, pase lo que pase.

Pero los altos funcionarios de Bruselas aceptaron que –excepto que Irlanda sea persuadida de realizar un nuevo referéndum el año que viene– los siete años de dolorosas negociaciones para simplificar y racionalizar el gobierno de la unión terminaron en nada.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, llamó al gobierno irlandés a que sugiriera posibles “soluciones” en la cumbre de Bruselas de la próxima semana. “Creo que el tratado está vivo. Ya lo han aprobado 18 estados miembro. La Comisión Europea cree que las ratificaciones que quedan por hacerse deben continuar”, dijo.

Sin embargo, otro alto comisionado europeo dijo en off: “La votación no se repetirá en Irlanda. Eso significa que el tratado está muerto. Esto es parte de una desilusión general con la Unión Europea. Si hubiese habido referéndum en otros estados, habríamos tenido resultados similares”.

Se espera que un grupo de países liderado por Francia –que el mes que viene asume la presidencia de la unión– minimice la importancia del voto irlandés por el “no”. En privado argumentan que, si otros países ratifican el tratado, Irlanda va a estar obligada a hacer una segunda votación. Según dicen, los otros países podrían realizar un acuerdo para garantizar el respeto a la neutralidad irlandesa o a sus bajos impuestos comerciales. En el segundo referéndum, el electorado irlandés debería votar por el “sí”, como hizo con el Tratado de Niza en octubre de 1992.

¿Y si Irlanda se niega? Legalmente, el nuevo tratado debe ser ratificado por todos los estados miembro. En varias capitales, sobre todo en Berlín, varios funcionarios sostienen que Irlanda, con 4 millones de habitantes, es muy chica para que se le permita entorpecer los planes de los gobiernos que representan a casi 500 millones de personas. Dublín debería ser forzada a aceptar algún tipo de status de semimembresía en la unión, como el que tiene Noruega.

De todas formas, en Bruselas los funcionarios dudaban de que eso pudiera funcionar. Y se preguntaban por qué Irlanda debía ser amenazada con la expulsión, cuando Francia y Holanda no sufrieron amenazas después de votar por el “no”, en 2005. Además, consideraban que tener una actitud brusca contra el voto popular sería peligroso.

Las capitales de la Unión Europea se enfrentan a un acertijo deprimente. La gente –incluso aquellos que más abiertamente se beneficiaron con las ventajas de la unión, como los franceses, los holandeses y ahora los irlandeses– se siente traicionada, en vez de inspirada o protegida por ser miembros de la cada vez más grande Unión Europea.

El Tratado de Lisboa no es, como a veces se reclama, un programa para hacer una federación de estados unidos de Europa. En algunos aspectos, esa idea ya fue enterrada para siempre. El tratado es un intento absurdamente complejo para hacer que un sistema absurdamente complejo, diseñado por seis países, funcione mejor –o simplemente funcione– con 27 países.

En realidad, según reconocieron los funcionarios, los gobernantes de la Unión Europea tienen sólo cuatro opciones.

Primero, pueden acordar (otra vez) una renegociación del tratado y tomar en cuenta las objeciones del electorado irlandés.

Segundo, pueden seguir adelante con sus propios procesos de ratificación. Cuando los restantes 26 países hayan firmado, pueden volver a sugerirle a Irlanda que realice un segundo referéndum. A Dublín se le podrían hacer algunas concesiones retóricas.

Tercero, Irlanda, al ser el único país no firmante, puede ser incitado a abandonar la unión.

Cuarto, la unión (por ahora) se puede olvidar de todo y continuar con las reglas que existen hoy en día.

A partir de ahora se escucharán algunas voces –tal vez incluso británicas– sugiriendo que la Unión Europea debería concentrarse en las cuestiones prácticas que conciernen directamente a los ciudadanos –el clima, la globalización, la inmigración, el terrorismo– en vez de en sí misma.

Este puede ser el resultado, más allá de lo que los gobernantes digan en los próximos días y semanas. Mientras, está en duda que las viejas reglas de la unión permitan algún progreso en esas cuestiones prácticas.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.

Traducción: Martiniano Nemirovsci.