EL MUNDO › CON MAYORíA EN LAS DOS CáMARAS, UN PROYECTO A MEDIDA
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quedó a un paso de obtener un blindaje judicial, con el que podrá suspender los juicios pendientes en su contra. Su gobierno aprobó ayer un proyecto de ley que garantiza la inmunidad a las personas que ostentan los cuatro cargos más altos del Estado. Resistido por la oposición, el proyecto deberá ser aprobado por el Parlamento, donde Il Cavaliere posee mayoría propia en ambas cámaras.
La iniciativa acuerda la suspensión temporal de los procesos judiciales contra el presidente de la república, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como del jefe de gobierno, que en realidad es el único que tiene cuentas pendientes con la Justicia. La adopción de la ley beneficiaría a Berlusconi al congelar el juicio en el que está imputado junto con el abogado inglés David Mills, por haberle pagado 600 mil dólares a cambio de un falso testimonio.
En el gobierno sostienen que con esa ley se quiere proteger a los mayores cargos de Estado de manera que trabajen con serenidad. “No es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios, en vez de trabajar para el país”, había dicho el primer ministro en una conferencia a comienzos de la semana.
La oposición de izquierda, fuertemente debilitada tras la derrota electoral de abril, anunció que se opondrá en bloque a la medida. “Berlusconi quiere arreglar con medios políticos sus problemas judiciales”, declaró el ex juez anticorrupción Antonio Di Pietro, líder del pequeño partido Italia de los Valores.
La llamada “ley salva-primer ministro” es similar a una ley que Berlusconi presentó durante su anterior gestión al frente del Ejecutivo. En aquella ocasión la Corte Constitucional declaró que la medida violaba la Carta Magna. “Hemos trabajado sobre los puntos débiles de la ley de 2004 tachados de inconstitucionales y hemos propuesto de nuevo los principios valorados positivamente”, explicó Alfano. En la nueva normativa, las víctimas de los procesos contra aquellos altos cargos puedan continuar sus acciones legales por la vía civil.
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