Por Manuel Delano
Desde Santiago

La denuncia de un ex agente de la represión de que los integrantes del llamado “Comando Conjunto”, creado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y que asesinó y torturó a opositores en la dictadura de Pinochet, están hoy reorganizados para obstruir a la justicia, destapó una caja de Pandora que culminó con un conflicto público entre el gobierno y esta rama de las Fuerzas Armadas. Aunque dos ministros desmintieron al comandante en jefe de la FACh, general Patricio Ríos, y un partido pidió su renuncia, este sigue en su cargo y el gobierno carece de vías para lograr su dimisión. “Hace 20 años que estamos esperando que un presidente, como en cualquier sistema democrático, pueda remover a un jefe militar”, se enojó ayer el presidente Ricardo Lagos, quien indirectamente se sumó a los pedidos de renuncia de Ríos. Ayer el diario La Nación publicó la lista de los 19 desaparecidos cuyos datos fueron omitidos por la FACh en el marco de la Mesa de Diálogo. Ya renunció el subsecretario de Aviación, Nelson Haddad.
Con la chapa de “Colmillo blanco”, el ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo afirmó a La Nación que sus ex camaradas recibían apoyo de la FACh al ir a declarar ante los jueces que investigan sus crímenes y órdenes de no comprometer a sus jefes. Tampoco podían admitir conocer a la ex agente Viviana Ugarte, esposa del general Patricio Campos, quinta antigüedad de la FACh. Además, denunció que la información sobre el destino de 45 detenidos desaparecidos que los ex agentes dieron a través de la FACh a la Mesa de Diálogo, integrada por militares y defensores de los derechos humanos para esclarecer el destino de las víctimas, fue entregada en 2001 al gobierno incompleta y en algunos casos tergiversada. El general Campos renunció a la FACh por la acusación contra su esposa, corroborada por ex prisioneros que la vieron participar en sesiones de interrogatorios y torturas y en detenciones. Un juez abrió una investigación por el delito de obstrucción a la justicia contra los ex agentes, mientras Trujillo está bajo protección en una celda aislada, porque recibió amenazas de muerte.
Para explicar cómo pudo ascender Campos a pesar de que su esposa estuvo procesada, Ríos sostuvo que informó al gobierno de la situación. Sus declaraciones desataron la molestia del gobierno, que sólo ahora se enteró de que el oficial encargado de procesar información para la Mesa de Diálogo estaba casado con una ex agente de la represión. Dos ministros desmintieron que el jefe de la FACh hubiese informado de la situación de Campos, y Lagos advirtió que la ciudadanía “sabe cuándo le están queriendo pasar gato por liebre”.
A la espera del resultado de la investigación interna que Lagos ordenó a la FACh, el gobierno envió claras señales de que si no fuera por la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que Pinochet dejó atada en la Constitución, pediría la renuncia de Ríos. Ayer, cuando los periodistas le preguntaron a Lagos si Ríos debía renunciar, el presidente respondió: “Eso pregúntenselo a él”. El antecesor de Lagos, Eduardo Frei, ya había sufrido un serio desplante al pedir abiertamente la renuncia del entonces jefe de Carabineros, general Rodolfo Stange, quien se quedó en el cargo por el principio de inamovilidad.
El mecanismo constitucional que existe para remover un jefe militar es impresentable: para resolver, Lagos debe citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), creado por la dictadura e integrado en igualdad de número por los cuatro jefes militares y las cuatro máximas autoridades civiles, con el riesgo de un empate en la votación.
Ayer, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de DetenidosDesaparecidos (AFDD), Mireya García, encabezó la visita de la institución a la jefatura de la Fuerza Aérea para exigirle, con una carta, la renuncia a Ríos. “Por el bien del país, este señor debe dejar de dirigir la FuerzaAérea, que es de todos los chilenos”, dijo García. Y aprovechó la ocasión para fustigar la iniciativa de la Mesa de Diálogo, muy criticada por organismos de derechos humanos como un intento de blanquear la imagen de los militares implicados en la dictadura sin someterlos a la justicia. “Ahora es evidente que la Mesa de Diálogo no tiene utilidad”, declaró.
Entretanto, el gobierno espera que Ríos dimita antes de que termine su período, el próximo año, y estudia posibles nombres de sucesores. La actual primera antigüedad de la FACh está descartada: es el general Mario Avila, que durante el golpe militar de Pinochet en 1973 fue el piloto del helicóptero que dirigió el bombardeo a la residencia del ex presidente Salvador Allende, atacada con aviones al igual que La Moneda.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.