Desde Santa Cruz

El Senado boliviano, dominado por la oposición al gobierno de Evo Morales, aprobó la modificación a la ley del referéndum revocatorio del próximo 10 de agosto. Plantean que “las reglas sean iguales para todos” en la consulta que definirá la continuidad o no del presidente, el vicepresidente y ocho prefectos. Según la ley que aprobaron hace dos meses los mismos senadores, Evo se irá sólo si lo pide el 53,7 del electorado. Es el porcentaje que lo llevó al Palacio Quemado en 2005. Ese año, varios prefectos triunfaron en sus departamentos con el 37 por ciento de los votos, o un poco más, pero nunca alcanzaron el 50 por ciento. ¿Cómo hará ese prefecto que asumió con el 37 por ciento para que dentro de un mes lo apruebe el 63 por ciento del electorado? Enterados de que es casi imposible, los prefectos que quieren “autonomía” para Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija exigieron al presidente anular la consulta. Calificados de “cobardes” por el gobierno y de “maricones” por algún diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), optaron por pedirles a los senadores (sus supuestos aliados contra el MAS) que modifiquen el texto como indemnización por haberlos metido en el sartén. Pero los cambios que harían más llevadero el referéndum para la Media Luna están ante una pared: la Cámara de Diputados, controlada por el MAS. Gustavo Torrico, diputado de esta fuerza política, dijo a este diario que las modificaciones “no van a ser consideradas”. Y Evo en Cochabamba dijo que a la ley del revocatorio “no se le mueve ni una coma”.

Los presidentes de los Comités Cívicos de la Media Luna declararon que aceptarán el referéndum sólo si modifican su ley para que la misma cantidad beneficie o perjudique a todos. “La ley del referéndum revocatorio 3850 es injusta, ya que otorga ventajas al presidente de la república de manera antidemocrática y establece porcentajes de votación discriminatorios para los prefectos”, dijo el líder cívico de Santa Cruz, el empresario y hacendado Branko Marinkovic.

Agregó que existen “tres pruebas sobre las denuncias de fraude que está consumando el gobierno para el referéndum revocatorio: el presidente de la Corte Nacional Electoral actúa a favor del MAS; en las casas de campaña del MAS se extienden carnets de identidad de forma ilegal para votar; esta documentación es financiada por el gobierno venezolano, que en asociación delictiva con personeros del gobierno ha participado en actos de terrorismo en el país”, dijo Marinkovic en alusión al mini-atentado con explosivo del 21 de junio contra el canal Unitel, uno de los tantos medios opositores a Evo. Allí detuvieron al teniente George Nava, miembro de un grupo de elite que chocó cuando huía y –dicen– iba borracho. Los senadores mostraron una factura donde dice que el auto había sido alquilado con el CUIT de la embajada venezolana.

Evo pidió a los prefectos “no usar a los cívicos de sus departamentos para intentar frenar esa consulta popular, porque no representan al pueblo, sino a un pequeño grupo de familias oligarcas”. Y dijo que los de la Media Luna “permanentemente me exigen cumplir con la ley y con la Constitución. Hay una ley aprobada en el Congreso para el referéndum revocatorio: como ellos me exigían cumplir con la ley, yo les pido que sepan cumplir con la ley para el revocatorio”.

También invitó a los prefectos “a ser responsables con las normas aprobadas en el Congreso nacional y no estar tramando con otras nuevas leyes de modificación que simplemente están orientado a frenar el referéndum revocatorio. ¿Por qué tienen tanto miedo al pueblo?”.

El miércoles, durante un acto en Plan 3000, uno de los barrios más pobres de Santa Cruz, Evo se agrandó: “A mí, que he ganado con 54 por ciento, me piden revocatorio. ¡Qué miedo!”. Y comentó que, si pierde, volverá al Chapare para cultivar coca.

“En Diputados no va”, dijo el masista Torrico sobre las reformas aprobadas en Senado. “No le vamos a dar ningún tipo de trato. Es un juego político.”