La puja entre el gobierno y la Fuerza Aérea Chilena (FACh) volvió a tensarse. Tras el escándalo desatado por las denuncias sobre la rearticulación el grupo represor “Comando Conjunto” y la obstrucción a la Justicia en el seno de la Fuerza Aérea de Chile, el presidente Ricardo Lagos estaría dispuesto a aplicar un plan de aislamiento contra esa institución y así forzar la salida de su jefe, el general Patricio Ríos. Lagos rechazó por “insuficiente” el primer informe que Ríos entregó el martes, y le exigió uno nuevo. Ríos quedó en una incómoda posición ante el gobierno cuando aseguró falsamente que Lagos y su antecesor, el presidente Eduardo Frei, fueron informados de que la esposa del general Patricio Campos y otros miembros de la FACh enfrentaban acusaciones por su responsabilidad en la desaparición de opositores al régimen de Pinochet. Ríos quedó aún más aislado con el apoyo a su salida que dio el otrora segundo jefe de esa institución, general Fernando Matthei. Y, en el marco de la investigación del “Comando Conjunto”, el juez Mario Carroza sometió a proceso a dos ex altos oficiales de la FACh, el general retirado Enrique Ruiz Bunger y el coronel retirado Juan Saavedra Loyola, ex jefe operativo de esa agrupación.
El eje del problema es la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que vuelve imposible al presidente la destitución de un comandante de las fuerzas armadas. En estas condiciones, y ante un oficial díscolo e inconveniente como Ríos, el radio de acción de Lagos queda limitado a las operaciones indirectas. La ministra de Defensa Michelle Bachelet confirmó ayer que “nosotros hemos fijado un procedimiento como gobierno, que es exigir una investigación profunda”, y en ese sentido señaló que se estaba a la espera de un nuevo texto. Entretanto, el plan de Lagos, según los trascendidos a la prensa, buscaría hacer insostenible la permanencia de Ríos en el cargo por tres vías: planea congelar los ascensos, dejar a los oficiales de la FACh fuera de las misiones al exterior y parar los desembolsos para la compra de equipos. Los problemas empezaron cuando el coronel retirado de la FACh Otto Trujillo, que está preso por violaciones de los derechos humanos, aseguró que oficiales del aire dieron la orden para que se rearticulara el llamado “Comando Conjunto”, el grupo represor que operó entre 1974 y 1976. Trujillo señaló que la reagrupación, que empezó en enero pasado, busca obstruir los procesos judiciales contra ex integrantes del organismo mediante amenazas, sobornos y mentiras en eventuales interrogatorios. Además, el coronel retirado sacó a la luz pública un hecho que había permanecido oculto, al señalar que una de las ex integrantes del grupo represor, Viviana Ugarte, es la esposa del general de la FACh Patricio Campos, que la semana pasada renunció a la jefatura de la Aeronáutica Civil. Las relaciones entre Lagos y Ríos se tensaron luego que el oficial asegurara que él había informado sobre el vínculo marital de su subalterno, lo cual fue negado enfáticamente por el gobierno. El hecho cobra importancia ya que Campos participó como delegado de la FACh en la Mesa de Diálogo, un foro multisectorial que a comienzos del año pasado se dio a la tarea de ubicar los restos de detenidos-desaparecidos. Además, un general retirado de la FACh, César Topali, señaló que hace algunos años Ríos había sido advertido por varios oficiales sobre la inconveniencia de proponer el ascenso de Campos por ser esposo de Ugarte.
Lagos ha instado públicamente a Ríos a informar si es cierto que el “Comando Conjunto” se rearticuló, si existe una estrategia para obstruir la Justicia y si la FACh entregó datos no veraces a la Mesa de Diálogo.
Ríos presentó el martes pasado un informe al gobierno, pero Lagos lo rechazó por considerarlo “incompleto”. El comandante de la FACh volvió a trabajar en el informe y es probable que entregue una versión final en breve para que Lagos tenga tiempo de estudiarlo antes de iniciar una visita a Rusia, el próximo martes. Pero Ríos no cuenta con apoyo: el propio general retirado Fernando Matthei, que integró la Junta Militar deGobierno bajo la dictadura de Augusto Pinochet, dijo ayer que el comandante en jefe “no tiene otro camino que renunciar”.
El juez Mario Carroza, que tiene a su cargo varios procesos relacionados con el “Comando Conjunto”, investiga las denuncias hechas por Trujillo, y ayer decidió el procesamiento de los dos militares retirados por secuestros de cuatro militantes comunistas. Se informó que Saavedra seguirá en prisión preventiva en una base aérea de la FACh en Santiago, mientras que Ruiz quedará en arresto domiciliario. Pese al dictamen de procesamiento, el fallo de Carroza no se pronuncia sobre el ilícito de obstrucción a la Justicia.