Desde México, D.F.

El ejército mexicano ha cometido asesinatos, torturas, tratos crueles y degradantes, detención arbitraria y robos, entre otras prácticas violatorias de derechos humanos durante operativos contra el crimen organizado en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas.

El ombudsman mexicano, José Luis Soberanes, presentó ayer ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional por el asesinato de siete personas, una de ellas menor de edad, de las que responsabilizó directamente a elementos del ejército, los cuales incurrieron en conductas violatorias de garantías fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica de las víctimas mortales y de los agraviados.

Desde hace año y medio, las fuerzas armadas han tomado poblaciones enteras y en algunas de ellas asumen el papel de seguridad pública, luego de que el presidente Felipe Calderón los lanzara a las plazas más conflictivas para enfrentar al crimen organizado, lo que ha desatado una guerra que ha dejado más de cuatro mil muertos en año y medio de su administración.

Según Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las siete muertes y las torturas, allanamientos, detenciones arbitrarias e incomunicación pudieron evitarse si el personal castrense hubiera tenido mejor capacitación y hubiera existido “adecuado ejercicio y supervisión de mando”.

Los asesinatos fueron por arma de fuego y también por golpizas brutales, en tanto las torturas incluyeron ahogamientos, toques eléctricos y la inserción de astillas de madera bajo las uñas.

La CNDH exigió la reparación de los daños físicos, psicológicos y médicos a los agraviados, así como investigación y castigo contra los elementos del ejército que participaron en los operativos que devinieron en violaciones de derechos humanos, incluyendo a aquellos que trataron de obstaculizar la investigación que realizó la comisión. Además, deberá capacitar a los elementos castrenses para que se apeguen al marco de derecho y al respeto a los derechos humanos durante sus actuaciones.

Mejor aún, la administración de Felipe Calderón debe fijar una fecha para el retiro del ejército de labores de seguridad pública que no le corresponden, aunado a la capacitación efectiva de los cuerpos policiales.

“El ejército sólo debe actuar en subordinación de las autoridades civiles y no debe combatir el crimen cometiendo atropellos”, dijo Soberanes, para quien “no corresponde al ejército la labor de investigación de los delitos ni la implementación de estrategias de prevención del mismo ni el resguardo o retención de personas ni mucho menos la aplicación de sanciones, sino que su participación en dichas tareas debe realizarse únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles”.