EL MUNDO › EL GOBIERNO BOLIVIANO QUIERE EXTENDER LOS BENEFICIOS A TODOS
Desde hace once días, la Central Obrera Boliviana jaquea a seis de los nueve departamentos bolivianos con huelgas y cortes de ruta. Exige el pasaje de una ley de pensiones en el Congreso, que el gobierno quiere ampliar contra los deseos de la COB.
› Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
Desde hace 11 días, la Central Obrera Boliviana (COB) de-sarrolla una huelga nacional que se siente en seis de los nueve departamentos y no tiene perspectivas de resolverse. Cortes de caminos y manifestaciones musicalizadas por la dinamita de los mineros son parte del paisaje en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija. La COB exige que el Congreso apruebe el proyecto de ley de pensiones que entregaron al presidente Evo Morales. Pero, según el gobierno, el texto no contempla a todos los sectores de trabajadores y propone reformas que la COB no acepta. El titular de la Central Obrera de Oruro, Jaime Solares, dijo que la huelga continuará hasta que el Congreso vote por la nueva ley que suplante a la Nº 1732, “puesta en vigencia por el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Nos preguntamos por qué el ‘gobierno del cambio’ mantiene ese modelo y no está a favor de una jubilación digna”. Por su parte, Evo invitó a los obreros a debatir: “Si somos revolucionarios, si somos antineoliberales, si somos antiimperialistas, si somos anticoloniales, deberíamos estar haciendo campaña para derrotar a los neoliberales”, dijo en relación con el referéndum revocatorio al que se someterán él y los prefectos dentro de 10 días. Por ello consideró que “algunos compañeros son el mejor instrumento de esta mal llamada Media Luna”, integrada por los departamentos opositores a su gobierno y apóstoles de la “autonomía”.
Aparte de la COB, protestan los maestros por mejoras salariales y los integrantes de la Confederación Personas con Discapacidad. Estos últimos demandan la creación del Bono Equidad, de tres mil bolivianos anuales (unos 1500 argentinos) que se financiaría con el dinero que usan los partidos para propaganda. Pero la Cámara de Diputados rechazó ayer esta propuesta porque –dicen– generaría roces con otra ley. Molestos, los manifestantes con discapacidad iniciaron una marcha de 400 kilómetros desde Cochabamba hasta La Paz. “No nos escuchan, nos dicen una y otra cosa. No nos interesa quién tiene la culpa, vamos a exigir nuestro bono”, dijo Olga Coca, de la confederación.
Varios grupos adelantaron que en los días siguientes comenzarán su protesta. Los comités cívicos de la Media Luna preparan para el 4 de agosto una multitudinaria huelga de hambre. Su finalidad será ablandar el corazón del gobierno para que devuelva a las prefecturas el 30 por ciento de los ingresos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que Bolivia vende. El porcentaje que Evo les restó se destina al pago de la Renta Dignidad, un bono para los ancianos.
La protesta se sentirá también en la Argentina. En la ciudad de Camiri, llamada la “capital petrolera” de Bolivia, los cívicos instalarán hoy un piquete en la ruta que va a la provincia de Salta y a Paraguay. Piden que el gobierno extraiga los cuantiosos recursos del subsuelo y que, de paso, cobre más caro los hidrocarburos que vende a la Argentina y Brasil.
Hasta ahora, la ciudad más afectada por las huelgas fue La Paz. Ayer, 200 mineros dinamitaron las puertas del Palacio de Comunicaciones y lo tomaron. Allí funcionan cinco organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Economía. Quedaron retenidos por cuatro horas 20 periodistas, que habían subido a la terraza para ver mejor la protesta.
El ministro de gobierno, Alfredo Rada, dijo que “la toma de este edificio fue una medida desesperada con el objetivo de disimular el fracaso de un conjunto de medidas” de la COB. Destacó que entre los textos de los obreros y del gobierno hay una diferencia: “Ellos quieren eliminar los aportes individuales, pero el gobierno cumplirá con la obligación de precautelar esos aportes en la nueva ley de pensiones”. La COB también pide bajar la edad de jubilación hasta los 55 años. Actualmente es de 65 años. El gobierno considera el proyecto insostenible y confiscatorio de los recursos que aportan los trabajadores para jubilarse.
“Hemos ganado nuevamente las calles y el gobierno tiene que cumplir con su compromiso de darle al país una ley de pensiones que no sea neoliberal”, dijo Pedro Montes, titular de la COB. Evo criticó que no lo ayuden para enfrentar el revocatorio: “En vez de movilizarse por aquí y por allá, deberían estar haciendo campaña para derrotar a los neoliberales. Esa es la tarea”.
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