Por Bosco Esteruelas *
Desde Bruselas

La Unión Europea (UE) ha atendido finalmente las presiones de Estados Unidos para conceder inmunidad a su personal diplomático, civil y militar destinado en territorio comunitario ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Los ministros de Asuntos Exteriores europeos acordaron ayer en Bruselas un planteamiento común a fin de que cada socio se sirva de acuerdos bilaterales ya existentes, o en su defecto suscriba otros con Washington, facilitándole tal privilegio bajo la condición de que los norteamericanos perseguidos por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad sean juzgados por los tribunales ordinarios de su propio país.
“No se trata de ninguna concesión, ni de rendición. Simplemente hemos atendido las preocupaciones de Estados Unidos al tiempo que preservamos los estatutos del tribunal”, declaró ayer el ministro danés Per Stig Moeller, en nombre de la presidencia de la Unión. Satisfecho también se mostró el comisario europeo de Asuntos Exteriores, Chris Patten, que hasta ahora era uno de los más firmes opositores a firmar pactos con terceros que minaran el TPI. “Es innegociable”, decía hace unos meses. Sin embargo, ayer afirmó que la fórmula encaja perfectamente con los estatutos de este órgano judicial, el primero en la historia de este tipo, fundado en Roma en 1998 y que ya está conformándose sin el apoyo, entre otros, de Estados Unidos, Rusia, China e India.
La UE ha establecido tres principios para atender las presiones de la administración Bush: la no inmunidad de norteamericanos perseguidos por el TPI, lo que supone que tendrán que ser procesados por la Justicia de su propio país; la no reciprocidad en el caso de los europeos a fin de no extender más la inmunidad y, finalmente, el alcance de este privilegio: afectará exclusivamente a todo “personal diplomático, militar o civil enviado” por Estados Unidos a territorio comunitario.
“La UE ha hecho demasiadas concesiones”, afirmó ayer Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch. “No veo garantías que obliguen al procesamiento de esas personas en Estados Unidos y, por otro lado, abre la puerta para hacer nuevas excepciones con países no signatarios como es el caso de Rusia”, comentó el representante de la destacada organización humanitaria norteamericana. La presidencia danesa dijo “no tener constancia” de haber recibido alguna petición por parte rusa y se limitó a afirmar que sería estudiada en el caso de que Moscú lo solicite.
Gran Bretaña, Italia y España fueron desde el primer momento los socios comunitarios más proclives a alcanzar una solución con Estados Unidos. Londres y Roma amenazaron el pasado agosto con firmar por separado acuerdos bilaterales con Washington, tal como Estados Unidos ha hecho ya con una docena de países. La presidencia danesa salvó la cara hace un mes al lograr que nadie diera un paso hasta que no se alcanzara una posición común una vez que se escuchara la opinión de los expertos jurídicos de la UE, que abrieron a principios de mes la senda del compromiso.
La propuesta alcanzada por los Quince es bastante sutil, señalan fuentes diplomáticas. No se concede un cheque en blanco a la administración Bush extendiendo la inmunidad a cualquier ciudadano norteamericano, como sugería el italiano Silvio Berlusconi, ausente ayer de la cita ministerial, y deja al arbitrio de cada gobierno la aplicación de acuerdos bilaterales ya existentes con Washington en materia de extradición, como quería Alemania, y no de un acuerdo global. “No se trata de una posición común, sino de un planteamiento común que evita una división interna y atiende las preocupaciones de Estados Unidos preservando el principio de no impunidad y en definitiva la integridad del tribunal”, sentenció la ministra española Ana Palacio. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea concluyeron hace dos meses que acuerdos bilaterales sobre inmunidad con países no signatarios significarían una violación de los estatutos del tribunal, pese a que el artículo 28.2 del mismo formula tal posibilidad. La ministra española, que la semana pasada dedicó gran parte de una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, a hablar del tema, se mostró ayer esperanzada de que “con esta actitud se pueda atraer a Estados Unidos a la órbita del tribunal y a su adhesión en un futuro”. Igual opinión tuvo su colega danés, Moeller, según el cual desde ayer los Quince quieren desarrollar más las relaciones con Estados Unidos en los asuntos ligados al TPI y trabajar para la eficacia de este órgano, que en los próximos meses debe designar a su cuerpo de magistrados.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.