La ola de disturbios de los últimos días en distintas partes de Bolivia no puede tapar, y más bien resalta, lo que será, en mayor o menor medida, un gran triunfo político de Evo Morales.

La última encuesta del diario paceño El Deber le da al presidente un nivel de adhesión en el orden del 59 por ciento de cara al referéndum revocatorio que se celebra hoy en todo el país para decidir la suerte del presidente, el vice Alvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos o gobernadores, seis de los cuales revistan en las filas de la oposición.

De confirmarse esta tendencia en las urnas, Evo Morales llegará a la mitad de su mandato relegitimado por un caudal electoral aún superior al impresionante 55 por ciento obtenido en las elecciones de diciembre del 2005.

La pregunta obligada es qué va a hacer Morales para capitalizar su triunfo. Para contestarla hay que esperar los votos. Porque no es lo mismo el 51 que el 63 por ciento. Y porque Morales viene de sufrir dos desgastantes derrotas el año pasado, como fueron el desprolijo final de la Asamblea Constituyente y la aprobación de Estatutos Autonómicos en las ricas provincias de oriente. Lo cierto es que ahora se le abre un abanico de alternativas interesantes para consolidar su proyecto neodesarrollista de democracia multicultural.

Pero para entender un poco hacia dónde va Bolivia conviene retroceder para ver cómo se llegó hasta acá.

Evo Morales llegó al gobierno con el mandato de terminar la fiesta neoliberal, recuperar recursos estratégicos y refundar las instituciones del país bajo un nuevo orden que permita superar la vieja antinomia ricos-pobres, oriente-occidente, indios-mestizos, cholos-cambas, etc., etc. En dos años y medio el gobierno de Morales logró hacer crecer a la economía, financiar al Estado y multiplicar la ayuda social. Lo hizo gracias a una eficaz política de negociaciones con las empresas extranjeras, sumada a la ayuda económica Venezuela y la Unión Europea, más el apoyo político de Argentina y Brasil.

Después de largos meses de infructuosas negociaciones, la oposición se retiró de la Asamblea Constituyente y el oficialismo y sus aliados terminaron aprobando una Carta Magna medio a los ponchazos en Oruro, después de suspender las deliberaciones en Chuquisaca por razones de seguridad. Para entrar en vigencia la nueva Constitución debe ser refrendada en un plebiscito que el gobierno aún no convocó.

La nueva Constitución reconoce derechos a sectores marginados y pueblos originarios e incorpora aspectos jurídicos y educativos de las culturas indígenas, sobre todo las quechua y aymará. Además, la nueva Constitución permite la reelección de Morales, vedada en la Constitución anterior. Todo esto se dio en el contexto de una transformación del aparato productivo, por el cual el oriente, rico en gas y alimentos, reemplazó al occidente minero como principal proveedor de divisas en el país. Y la media luna de oriente, como se sabe, es territorio de la oposición.

El partido derechista Podemos, liderado por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, es la principal fuerza opositora y controla el Senado con la ayuda de sus aliados, mientras el oficialista Movimiento al Socialismo maneja una mayoría en Diputados. Después de boicotear la Asamblea, Podemos eligió regionalizar su estrategia política. Así, apostó a desacreditar al gobierno nacional montándose en los legítimos reclamos autonómicos de un país federal en cuanto a distribución de recursos, pero excesivamente centralista en cuanto al funcionamiento de su burocracia estatal, donde hasta el nombramiento de un maestro de escuela debe contar con la aprobación de La Paz.

Mientras promovía alzamientos independentistas en el interior, en La Paz Podemos desafiaba al gobierno a plebiscitar su popularidad, convencido de que el daño producido en la Asamblea Constituyente lo llevaría a una segura derrota. Pero el partido opositor cometió dos errores de cálculo. Por un lado fue desbordado por los levantamientos autonomistas, que ungieron a sus prefectos como principales referentes políticos. Por el otro sobreestimaron el daño causado por el empate en la Asamblea. El gobierno aceptó el desafío y los referéndum se convirtieron en ley. A diferencia de los plebiscitos autonómicos, declarados ilegales por la Corte electoral y desconocidos por la comunidad internacional, las elecciones de hoy cuentan con el aval de la Justicia boliviana y de cientos de veedores de la OEA, el Mercosur y el “grupo de países amigos” integrado por Brasil, Argentina y Colombia. Además de la confirmación de Morales, el plebiscito fortalecerá el liderazgo del prefecto Rubén Costas, que en Santa Cruz despierta una adhesión que ronda el 75 por ciento. La oposición perdería prefectos en La Paz y Cochabamba y los otros cuatro, dos de cada bando, deberán sufrir mucho para conservar sus puestos. Mientras tanto Podemos paga el precio por su error de cálculo y hoy enfrenta una deserción masiva de cuadros que se extendió al Parlamento, donde perdió al menos tres representantes esta semana.

Sin embargo, al partido de Quiroga le queda negociar con el gobierno varios puestos clave que necesitan aprobación del Senado, como la integración del tribunal constitucional, y las vacantes en la Corte Suprema, la fiscalía general y varias superintendencias encargadas de administrar recursos estratégicos. Pero si no logra retomar la iniciativa política, llegaría al 2010 como un partido insignificante y en vías de extinción.

Cuando se despeje el humo electoral Morales tendrá la pelota en su cancha y deberá decidir su próxima movida. Si logra arañar el 60 por ciento de los votos, lo más probable es que inmediatamente convoque un referéndum para aprobar la Constitución nueva tal como está. La ley boliviana sólo permite una elección nacional por año, por lo que el referéndum podría hacerse a principios del año que viene o aún antes, si es que Morales recibe un guiño de la Justicia, que en Bolivia es muy permeable a la coyuntura política.

Pero si el apoyo se acerca más al 50 por ciento, buscaría consensuar la Carta Magna con los estatutos autonómicos antes de consultar a la población. Entonces contestará la oposición. Si Morales se pone duro, los prefectos de la media luna responderán poniendo en funcionamiento las instituciones paralelas previstas en los estatutos autonómicos. Algo de esto ya está ocurriendo. La semana pasada la prefectura de Santa Cruz anunció que había reglamentado el estatuto de la Asamblea Legislativa, por lo que en breve podría empezar a dictar sus propias leyes. Por otra parte, la Juventud Cruceñista, la fuerza de choque de Costas, empezó a juntar firmas para crear su propia policía departamental, que de concretarse seguramente provocaría una reacción de las fuerzas armadas bolivianas, que hasta ahora se han mantenido prescindentes en la disputa de poder.

Pero si Morales se muestra flexible, tiene suficientes prebendas para atraer a Costas a la mesa de las negociaciones, empezando por la posibilidad de incluir una cláusula reeleccionista para los prefectos en la nueva Constitución. Sin ella, el mandato de Costas termina en dos años. También está en juego la posible re-reelección de Morales. La nueva Carta Magna habla de dos mandatos, pero no queda claro si el primer mandato empieza a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, o antes. Es un punto importante para la dirigencia opositora, donde se percibe que el oficialismo no tiene mucho recambio para reemplazar al presidente.

El debate por la distribución de recursos y el reparto de tierras será más complicado, pero a esta altura queda claro que oriente no quiere formar una república separatista, sino negociar cierto nivel de autonomía política y económica, mientras busca debilitar la figura de Morales con la esperanza de volver algún día al Palacio Quemado para retomar su proyecto liberal.

En la vieja tradición boliviana de movilizar y medir fuerzas para luego negociar, otra vez llegó el momento de contar los porotos. Después habrá que barajar y dar de nuevo y los contendientes jugarán sus cartas. Morales se consolida como referente del campesinado y las clases medias urbanas, con índices de adhesión que superan el 90 por ciento en El Alto, la segunda ciudad de Bolivia, mientras crece el rechazo hacia su figura en oriente. La oposición se repliega detrás de sus cuadros más duros, que lanzan zarpazos desesperados como la toma de aeropuertos y los cortes de ruta, llegando al extremo de impedir la libre circulación de un presidente elegido por voto popular.

Sueñan con un futuro sin Morales, pero hoy despertarán con un baldazo de agua fría, gentileza del electorado. Y tendrán que resignarse, porque hay Evo para rato.

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