EL MUNDO
› COMPARECIO EL JEFE DE LA FUERZA AEREA CHILENA
Un FAChista en el Parlamento
El jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general Patricio Ríos, en el centro de la escena desde hace un mes, se presentó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para explicar el papel que cumplieron sus subalternos en la desaparición de opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en medio de un clima tenso: una decena de legisladores oficialistas, del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, se instalaron ante las puertas de la sala de la comisión, portando retratos de algunos de los 1198 desaparecidos bajo el régimen militar. En tanto el Partido Comunista de Chile (PC) querelló al jefe de la FACh por el supuesto delito de obstrucción a la Justicia ante la presunción de que habría negado información sobre el paradero de detenidos desaparecidos.
“Vengo aquí como un ciudadano más, investido como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, para tratar un tema que ha sido siempre muy sensible en Chile como es el tema de los derechos humanos”, dijo Ríos antes de ingresar a la sala, luego de ser llevado hasta un piso superior del edificio para evadir el alboroto de los legisladores. “Queremos pedir al general Ríos que entregue los listados que ellos impidieron que llegaran a la Mesa de Diálogo”, agregó Guido Girardi, presidente del Partido por la Democracia y uno de los líderes de la manifestación. “Si él les tiene miedo a las fotos, es su problema”, indicó por su parte la diputada socialista Isabel Allende, hija de Salvador Allende.
Entretanto, la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, manifestó que con la querella se busca que el juez Mario Carroza, que investiga la eventual rearticulación del Comando Conjunto –grupo represor que operó a inicios de la dictadura pinochetista– también indague al jefe castrense en este caso. Los comunistas se unieron a las solicitudes hechas por partidos oficialistas de que Ríos deje su cargo, dado que la Constitución de 1980, promulgada durante el período de facto, quitó al Ejecutivo la facultad de remover a los jefes militares.