Por Juan Jesús Aznárez
Desde Bogotá

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estudiarían la suspensión de los secuestros si el gobierno legaliza la “Ley 002”, emitida por esa guerrilla el 25 de abril del 2000, que intima el pago de “impuestos” a todas las fortunas superiores al millón de dólares. “Es alucinante”, reaccionó un observador. Los dirigentes rebeldes Andrés París y Simón Trinidad, que admitieron la existencia de empresas y personas que cumplen con la extorsión, justificaron ante el Noticiero de las Siete su pretensión: necesitan fondos para promover los cambios requeridos por Colombia. La consecución de la tregua, cuya negociación se reanuda hoy miércoles, no debe abordarse con plazos fijos, agregaron.
La firma de una tregua antes del 7 de abril, incluyendo un alto el fuego y el cese de hostilidades, o sea los secuestros, las extorsiones y los ataques brutales e indiscriminados, es el principal objetivo del acuerdo suscrito este domingo en la localidad de Los Pozos, a 800 kilómetros de Bogotá, por el gobierno y la guerrilla más poderosa y antigua del continente. Las declaraciones de los dos mandos insurgentes, posteriores al acuerdo, confirman la inconveniencia de entusiasmarse con el calendario de reuniones hacia la tregua. El eventual alto el fuego sería el primero desde el conseguido en 1984, durante el gobierno de Belisario Betancur. La conclusión del plazo dado para conseguir la tregua coincidirá con las vísperas de las presidenciales de mayo y, previsiblemente, cualquier decisión al respecto, y sobre la prórroga de la Zona de Distensión bajo control rebelde, cuya vigencia finaliza el 10 de abril, estará determinada en parte por esas elecciones, y los discursos e intenciones de los candidatos. El proceso de paz de hace tres años comenzó al calor de la campaña de 1998, año en que el opositor y conservador Andrés Pastrana se acercó al jefe de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”. Es probable que, con las variantes impuestas por las nuevas circunstancias, las FARC intenten influir de nuevo.
Independientemente de las dificultades hacia la tregua, su hipotética aplicación sería complicada, cuando no imposible, según la mayoría de los analistas, si es bilateral y quedan al margen de compromiso los demás actores de la violencia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otros dos grupúsculos guerrilleros, y los paramilitares. Ese es el criterio de Augusto Ramírez Ocampo, veterano negociador en los procesos de paz nacionales y de América Central, dos veces ministro, canciller con Betancur. “Deben estar todos los actores armados.” Con la información disponible, la meta parece imposible porque, entre otros factores, las FARC se levantarían de la mesa de aceptarse en ella la inclusión de los paramilitares que los combaten con 8000 hombres y un moderno armamento.