Desde Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha puesto a recabar información del gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al gobierno, la Iglesia Católica, varios alcaldes e incluso a un rector de universidad. Garzón quiere conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro. El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite a trámite –es decir, si es competente para investigar– las solicitudes que le presentaron trece asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas (entre ellas, Cataluña, Valencia, Aragón y la localidad pontevedresa de Ponteareas), el sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarquista) y varios particulares, con el fin de esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos del bando republicano a partir del golpe de Estado franquista, durante la Guerra Civil y la dictadura, que duró casi cuarenta años. La decisión de solicitar toda esta información –la actuación judicial más importante realizada en España sobre los represaliados de Franco, según fuentes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)– llega en un momento muy preliminar del proceso. Garzón pide todas esas actuaciones para decidir si admite a trámite el caso. La fiscalía, en contra del criterio de los denunciantes, ha pedido al juez el archivo de la causa. Lo que el juez quiere saber es el número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, fecha del inicio del denominado por los ganadores de la guerra “alzamiento nacional”, sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación “en la medida de lo posible” y si han existido denuncias por las desapariciones.

Otro de los organismos estatales requeridos para el recuento de víctimas de la represión es el Centro Documental de la Memoria Histórica, perteneciente al Ministerio de Cultura, que debe informar sobre si se encuentran a su disposición “los ficheros del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y si existe algún estudio sobre los casos del mismo”. A la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, le reclama que informe “si existe algún tipo de documentación relacionada con desaparecidos” y comunique “a todos los Registros Civiles de España” que deberán permitir el acceso a la policía judicial para la identificación de las posibles víctimas desaparecidas desde el golpe de Estado franquista.

Con esa misma finalidad solicita a la Conferencia Episcopal Española “que comunique a todas y cada una de las parroquias de España” que deberán permitir el acceso de los agentes para su investigación. Otro de los organismos religiosos a los que se dirige el juez es la abadía que gestiona el Valle de los Caídos, donde Franco se hizo enterrar rodeado de muertos republicanos. Los religiosos deberán proporcionar “oportuna información sobre los nombres de las personas que estén enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho”.

La Ley de la Memoria, aprobada el 31 de diciembre de 2007, obliga a las Administraciones a elaborar y poner a disposición de las familias de los fusilados y desaparecidos “mapas en los que consten los terrenos en que se localicen los restos”.

* De El País de Madrid. Especial para Páginai12.