EL MUNDO › EL PRESIDENTE DE PARAGUAY ACUSó A UN SENADOR, UN JUEZ Y UN FISCAL
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, ratificó su denuncia sobre un complot contra su administración y dijo tener pruebas para demostrar la maniobra. Desde su gobierno anunciaron que buscarán remover al titular del Parlamento, al fiscal general del Estado y al presidente del Tribunal Electoral. Los tres funcionarios están sospechados de haber participado, junto al ex mandatario Nicanor Duarte Frutos y el general retirado Lino Oviedo, de una reunión conspiratoria celebrada el domingo. Los involucrados, sin embargo, volvieron a negar la existencia del encuentro, mientras que el ex obispo recibió un amplio apoyo de la comunidad internacional.
“Tenemos pruebas concretas y las vamos a dar a conocer con el correr de las horas”, sostuvo ayer el mandatario frente a las cámaras del Canal 4 de Asunción. También defendió al general Máximo Díaz Cáceres, enlace entre las FF.AA. y el Parlamento. “Díaz goza de absoluta confianza y se cree en la seriedad de su informe”, remarcó. El lunes Lugo había dicho que fue el militar quien denunció el encuentro con fines conspirativos.
La prueba con la que asegura contar el gobierno es el cruce de llamadas entre Díaz Cáceres y el presidente del Senado, el oviedista Enrique González Quintana. En línea con lo denunciado por Lugo, ayer el general dijo que el senador opositor lo llamó y le envió un auto que lo trasladó a la casa de Oviedo, donde se habría realizado la reunión para complotar. “Pasé por la empresa (de telefonía celular) Tigo y me han dado este detalle de llamadas donde se constatan las comunicaciones con el presidente del Congreso, porque yo iba a reunirme con él”, dijo desde el Palacio de Gobierno.
En la misma conferencia de prensa, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, pidió al Congreso que analizara la participación del fiscal general del Estado, Rubén Candia, y el vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, en el supuesto encuentro del domingo. El gobierno “está haciendo el análisis correspondiente y se van a impulsar medidas en el ámbito parlamentario, en donde existen mayores garantías para nosotros”, sostuvo. “Desde el momento en que en esa reunión participó el fiscal general, que es la cabeza del organismo que tiene que investigar, y un alto exponente de la Justicia Electoral, pueden imaginar que no tenemos mucho entusiasmo de llevar este tema en ese ámbito”, agregó. De acuerdo con la Constitución paraguaya, el único camino para sancionar o destituir al fiscal general, así como a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, es mediante juicio político en el Congreso.
Filizzola había mencionado el lunes la posibilidad de destituir a González Quintana de la presidencia del Senado, según informó el diario ABC en su edición digital. En diálogo con PáginaI12, el homónimo senador oficialista Carlos Filizzola confirmó la posibilidad y aseguró que cuentan con mayoría parlamentaria para hacerlo, puesto que recibieron el apoyo de partidos no pertenecientes a la coalición oficialista.
Por su parte, el ex presidente Duarte Frutos negó estar involucrado en una conspiración y sostuvo que no hay posibilidad de que en Paraguay se produzca un golpe de Estado. “Creo que al presidente Lugo le mintieron. Eso le ocurrió e hizo una declaración apresurada”, afirmó ayer.
Para Lino Oviedo, la denuncia de Lugo es una “represalia tragicómica” por sus declaraciones al diario ABC el domingo y el lunes. Según el general golpista, Lugo pretende llevar adelante un plan para disolver el Congreso y desconocer las resoluciones judiciales, “con la misma receta de sus amigos Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales”.
Durante la tarde de ayer, el gobierno de Lugo recibió un amplio apoyo de países latinoamericanos. En una nota difundida por la Cancillería brasileña, país que tiene la presidencia rotativa del Mercosur, el bloque reafirmó “su apoyo a la institucionalidad democrática en el Paraguay y a su presidente, legítimamente electo por el pueblo paraguayo”. También llegaron a Asunción comunicados de la OEA y del Grupo Río –que nuclea 21 países de Sudamérica y el Caribe–.
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