La Unión Europea aprobó el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, con el que busca vincular la llegada de extracomunitarios a las necesidades de los mercados de trabajo y reforzar el control de fronteras. “El pacto hoy acordado da respuesta a la posición que ha venido defendiendo España: control de los flujos migratorios, cooperación y colaboración con los países de origen y, finalmente, integración en el desarrollo de nuestras sociedades”, dijo el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Los funcionarios reunidos en Bruselas también avanzaron en la creación de una “tarjeta azul”, con la que buscarán facilitar la llegada de mano de obra calificada de países de fuera del bloque.

Los ministros del Interior e Inmigración de los 27 países de la Unión se pusieron de acuerdo en la versión definitiva del pacto, cuyas líneas generales ya habían sido establecidas en julio. Los objetivos de la iniciativa son instaurar reglas comunes para regular la inmigración laboral, reforzar los controles en las fronteras del bloque, facilitar el regreso a sus países de origen a quienes hayan logrado entrar en Europa y armonizar las exigencias para los pedidos de asilo. “El pacto es un recordatorio de un cierto número de principios: organiza la inmigración legal, desorganiza la inmigracion ilegal y vuelve a Europa más protectora de cara a aquellos que no son protegidos en sus países”, afirmó el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux.

El punto que suscitaba mayores polémicas era el referido a las regularizaciones de inmigrantes clandestinos. Al final, el artículo fue levemente flexibilizado y la idea de un contrato de integración con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada. Sin embargo, el nuevo pacto prevé vuelos conjuntos de repatriación para extranjeros sin papeles en regla, así como su registro por medio de datos biométricos, como las huellas digitales.

Cada país deberá promover el retorno voluntario. Los empleadores que den trabajo a inmigrantes ilegales serán multados. El próximo paso se dará a mediados de octubre, cuando la iniciativa acordada ayer deberá ser aprobada por los jefes de gobierno y de Estado de la Comunidad.

En la misma cumbre, los ministros de los 27 dieron un paso hacia la aprobación de la denominada “tarjeta azul”, inspirada en la Green Card estadounidense. Con este recurso, el bloque busca atraer a trabajadores altamente calificados de países extracomunitarios. Para que los Estados de origen no pierdan su fuerza laboral más capacitada, la UE promoverá una “migración circular” basada en contratos temporales.

Para obtener esta “tarjeta azul”, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector. También deberán asegurarse de que el salario que consigan represente el 50 por ciento más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.

“Los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos”, dice un pasaje del pacto. Con esta cita, los miembros de la Unión buscan esquivar críticas por la posible “fuga de cerebros” que podría generar esta iniciativa. “Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencias de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos”, explicó Corbacho, hablando de la existencia de “principios éticos en sectores clave, en particular en el de la salud”.

De todos modos, aún quedan cuestiones importantes por resolver. Una de ellas es la reticencia de los países del Este a la entrada en vigencia de la iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los “viejos” miembros de la UE.

El pacto y la “tarjeta azul” se enmarcan en un paquete de medidas migratorias, cuya expresión más polémica es la “directiva retorno”, que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con períodos de retención de hasta 18 meses.

La sanción de esa norma provocó reacciones de protesta generalizadas a lo largo de América latina. La última de ellas fue manifestada mediante una declaración suscripta por los gobiernos de los once países de Sudamérica, el pasado viernes en Montevideo.