Otro hombre cercano al gobierno de Alvaro Uribe cayó por sus vínculos con los paramilitares y el narcotráfico. La escena parecía un déjà vu. Agentes de la fiscalía de Medellín y la policía fueron a buscar al ex fiscal regional y hermano del ministro del Interior, Guillermo León Valencia, a su casa, lo esposaron y le leyeron una larga lista de cargos: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, violación de asunto sometido a reserva, falsedad por destrucción y utilización indebida de información privilegiada. Con los flashes rebotando en su cara, Valencia se limitó a reivindicar su inocencia, sin enojarse ni exaltarse. En el palacio presidencial de Nariño, mientras tanto, el aire se cortaba con cuchillo. Su hermano, Fabio Valencia Cossio, el ministro, oficiaba como presidente en funciones hasta la vuelta de Uribe de su gira por Estados Unidos y El Salvador.

El caso del hermano del ministro del Interior viene acosando al gobierno uribista desde julio y se suma a la seguidilla de detenciones de dirigentes del círculo íntimo del presidente, como su primo y senador nacional, Mario Uribe, y el jefe del partido oficialista, Carlos García Orjuela. Hace tres meses el fiscal general Mario Iguarán removió de la dirección de la Fiscalía de Medellín a Guillermo León Valencia por sus presuntos vínculos con Daniel Rendón, alias Don Mario, el capo narco más buscado del país y el jefe de uno de los principales grupos paramilitares reciclados que surgieron después de la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el bloque paramilitar que aterrorizó a los colombianos durante los últimos 20 años.

El ex fiscal Valencia prometió presentar pruebas para demostrar su inocencia, sin embargo, le será difícil desmentir las escuchas telefónicas que publicó la Fiscalía General de la Nación tres meses atrás. Las conversaciones son entre el hermano del ministro de Uribe y el empresario Felipe Sierra, detenido en agosto por ser el operador de Don Mario, según declaraciones del fiscal general Iguarán. En la primera, hablando con mucha confianza, el empresario antioqueño le recuerda a Valencia que le debe un favor a El Indio, alias al que responde el segundo de Don Diego. Días después, el entonces director de la Fiscalía de Medellín se reporta con su amigo para avisarle que ya estaba hecho. “Quedamos como unos príncipes”, se felicita el empresario, que minutos después llamaría al Indio para comunicarle la buena noticia.

Según la investigación de la Fiscalía General, el trabajito era sacar la foto del Indio del organigrama que la fiscalía regional había confeccionado sobre la operación de Don Mario. El organigrama depurado fue enviado a todas las oficinas del gobierno nacional, a la Fiscalía General y hasta a Interpol y otras agencias internacionales que cooperan en la lucha contra el narcotráfico. El precio de tamaño favor, según dan cuenta conversaciones telefónicas posteriores, fue un cuatriciclo de casi 20 mil dólares, que los hombres del Indio habrían llevado y estacionado en la finca de los Valencia.

Su hermano, el ministro y actual presidente en funciones, tampoco se refirió a las escuchas telefónicas y sólo difundió un escueto comunicado. “Como ministro acompaño respetuosamente la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación, como ciudadano la acato y como hermano expreso su profundo sentimiento de dolor y solidaridad fraterna”, decía el texto.

Pero aunque el ministro Valencia se despegó de las “responsabilidades penales individuales” de su hermano, en el Congreso la oposición volvió a pedir su renuncia, como lo habían hecho en julio pasado cuando se destapó el caso. En una situación similar, la entonces canciller Consuelo Araujo debió renunciar.