La Justicia estadounidense prendió ayer el ventilador del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y la ráfaga llegó hasta el palacio presidencial de Nariño. “Sí, tuvimos incidencia en las elecciones presidenciales de 2002”, contestó ayer por la mañana, durante la primera audiencia virtual con la Corte Suprema colombiana. Para sorpresa de los abogados y militantes de derechos humanos en Estados Unidos y Colombia, el Departamento de Justicia autorizó la declaración de Mancuso dentro del juicio contra los ex senadores uribistas Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes por su presunta colaboración con los grupos paramilitares.

El recinto de la Sala Penal de la Corte Suprema estaba en penumbras. Las togas negras de los jueces se fundían en el estrado de madera. Sólo se destacaban las caras de los jueces, que no sacaban la vista de la pantalla colgada en la parte superior de la pared lateral. La imagen satelital mostraba a un Mancuso más flaco, con la cabeza rapada y vestido con un traje de recluso azul claro y una camiseta blanca. Los jueces debían interrogarlo sobre López Cabrales y Montes y su participación en el llamado Acuerdo de Ralito, de 2001, en el que paramilitares y políticos pusieron negro sobre blanco su alianza. Sin embargo, aprovecharon la primera comunicación oficial con uno de los 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos por narcotráfico para aclarar algunas de las controversias que enfrentan a la Justicia con el gobierno de Alvaro Uribe.

Mancuso confirmó el testimonio de su antiguo compañero Ever Veloza, alias HH, y declaró que se reunió dos veces con el general retirado Rito Alejo del Río, una en el departamento de Córdoba y la otra en Urabá. En aquel entonces, Del Río era el comandante de la Brigada 17 del ejército colombiano y controlaba la zona bananera y cafetera del noroeste. Hoy es el militar de mayor rango detenido por la llamada parapolítica. Sin embargo, el jefe paramilitar sumó ayer los nombres de otros tres generales para las investigaciones de la Corte Suprema. Según contó, en la segunda mitad de los ’90 también se reunió con los ya fallecidos Alfonso Manosalva, ex comandante de la Brigada 4, y Martín Orlando Carreño, ex comandante del ejército y sucesor de Del Río al mando de la Brigada 17, e Iván Ramírez, ex jefe de Inteligencia del ejército.

Después de dejarlo hablar y relatar aquellos años, la Corte sorprendió al propio Mancuso con una pregunta que nadie esperaba. “¿Las AUC (el grupo paramilitar que dirigía Mancuso) infiltraron las Altas Cortes?”, preguntaron desde el estrado. El prisionero tardó en responder. Estaba descolocado. Finalmente tragó saliva y dijo que no sabía de ninguna infiltración directa. “Aunque sí existieron emisarios”, agregó. Otra vez se volvió a hacer un silencio. No hubo repreguntas y Mancuso retomó su relato.

El jefe paramilitar, que desde mayo está recluido en una cárcel norteamericana esperando una condena por narcotráfico, se identificó como una víctima del conflicto colombiano. “Yo nací en un país en guerra y en esas circunstancia me arrancaron del seno del hogar, ya que yo era un hombre de buenas costumbres, y el Estado me reclutó para combatir la guerrilla”, relató mirando a la cámara. Para Roxanna Altholz, una de las abogadas norteamericanas que representan a las víctimas colombianas, esta estrategia, aunque ridícula, puede ser peligrosa. “Está hablando para los jueces colombianos, pero los fiscales estadounidenses también están escuchando y no creo que sepan quién es realmente Mancuso –aseguró–. Estamos hablando de un hombre que mandó matar más gente que Augusto Pinochet.”