Después de más de dos semanas de negociaciones, el gobierno de Ecuador expulsó definitivamente del país a la constructora brasileña Odebrecht. La compañía, acusada de incumplimientos en la construcción de una hidroeléctrica, había realizado una propuesta para compensar al Estado ecuatoriano por los daños causados. Pero la oferta no fue suficiente para la administración del presidente Rafael Correa. El gobierno brasileño reaccionó suspendiendo por tiempo indeterminado los proyectos binacionales de infraestructura vial.

El miércoles, después de reunirse por dos horas con las autoridades del sector energético, Correa dijo basta. “Tenemos una decisión, ya no podemos hacer nada más. Hemos hecho todos los esfuerzos sobrehumanos, el presidente ha cedido mucho, pero ellos ya no pueden continuar aquí en el país”, dijo el flamante ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, al salir del encuentro. “Parece que esta empresa está acostumbrada a hacer lo que quiere y eso no lo va a permitir este gobierno”, remató, según informó el diario El Comercio.

El gobierno de Quito había achacado a Odebrecht, una de las mayores constructoras brasileñas, la responsabilidad por la falta de funcionamiento de la central hidroeléctrica de San Francisco. La usina –la segunda del país– fue inaugurada a fines de 2007, pero dejó de operar el pasado junio. A fines de septiembre, Correa firmó un decreto en el que instaba a la compañía a pagar al Estado las compensaciones previstas en las garantías. La medida también impidió la salida de Ecuador a algunos de los ejecutivos de la firma, ordenó el embargo de los bienes y militarizó la planta.

La semana pasada, la constructora propuso depositar una garantía de 43 millones de dólares. La suma sería entregada al Estado como indemnización en caso de que una auditoría internacional confirmara la responsabilidad de Odebrecht en las fallas de la represa. También había ofrecido extender la garantía de las obras por más de un año y hacerse cargo de los costos de reparación de la hidroeléctrica.

Pero el gobierno no aceptó. Borja explicó que la expulsión de la gigante brasileña no sólo obedecía a los problemas de San Francisco sino que se habían detectado irregularidades en cada uno de los proyectos de la empresa. Odebrecht también tenía a su cargo los proyectos energéticos de Toachi-Pilatón, Carrizal-Chone y Baba, así como la construcción del aeropuerto de la ciudad de Tena. “Ahora los ecuatorianos nos responsabilizaremos de las obras que deja la empresa, con nuestros técnicos las levantaremos y si es necesario contrataremos tecnología extranjera para apoyarnos”, dijo el ministro.

La respuesta de Brasil no tardó en llegar. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva canceló ayer una misión oficial que iría a Ecuador el próximo miércoles para discutir el apoyo brasileño a obras de infraestructura vial. Las decisiones del gobierno de Quito “contrastan con las expectativas de una solución favorable”, informa un comunicado difundido por la cancillería, en referencia al principio de acuerdo que Correa y Lula habían alcanzado la semana pasada en la cumbre de Manaos.

A la situación de Odebrecht se suma la de la poderosa Petrobras. La petrolera está a punto de abandonar Ecuador por no haber alcanzado un acuerdo con el gobierno, que busca convertir los actuales contratos de operación en contratos de prestación de servicios.

El sábado pasado, Correa amenazó con nacionalizar un campo de 32 mil barriles diarios de crudo explorado por Petrobras. También dijo que expulsaría a la compañía, para forzarla a renegociar el contrato. “No vamos a aguantar atrasos de nadie”, dijo, según publicó el diario Folha de Sao Paolo.

Ayer, el canciller brasileño, Celso Amorim, pidió paciencia para llevar a cabo la negociación, pero dejó en claro que la petrolera estatal no dejaría el país con las manos vacías. “Si las condiciones no son favorables, al final Petrobras puede salir, siempre y cuando lo haga en forma apropiada, siendo compensada por las inversiones que haya hecho”, dijo. Pese al pedido de calma del ministro, desde la compañía manifestaron su deseo de irse de Ecuador y exigieron 250 millones de dólares como compensación por sus inversiones. “Hay un cuadro político complicado y reglas que impiden crecer en ese país”, dijo una fuente anónima citada por el diario El Comercio.