El gobierno colombiano detuvo a dos trabajadores sociales franceses, los mantuvo más de 24 horas incomunicados y, sin mediar abogados, cónsules o una denuncia formal, ordenó su expulsión del país. Según explicó el vocero del Departamento de Seguridad (DAS) Oscar Galvis, los representantes del colectivo de ONG europeas Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia entraron al país como turistas, pero se involucraron en actividades políticas. Para el gobierno, los jóvenes franceses estaban ayudando a los trabajadores de la industria de la caña de azúcar, quienes desde hace un mes tienen paralizada la producción del sector. Los empresarios ya advirtieron que este año será imposible cumplir con las exportaciones, que superan los 250 millones de dólares.

La ley colombiana autoriza al DAS a expulsar un ciudadano extranjero cuando éste ponga en riesgo “la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública”. Para las organizaciones de derechos humanos y de juristas, las detenciones no tienen justificación legal. “Como tampoco lo tuvo el establecimiento del estado de conmoción interior por un conflicto gremial”, señaló un funcionario de una ONG europea, que no tenía autorización para hablar por la institución. Según el colectivo de ONG europeas que denunció las detenciones del lunes, Julien Debois y Joris Prot, los dos franceses que deberán dejar el país estaban acompañados por Damien Fellous, un periodista, que será liberado en los próximos días. “Los tres estaban haciendo trabajo periodístico, verificando las condiciones de los trabajadores en los ingenios Manuelita y Providencia. Tenían fotos e información”, señaló el comunicado difundido ayer. Los tres jóvenes franceses habrían sido detenidos, según el texto, cuando intentaban entrar a un tercer ingenio, en Palmira, una pequeña ciudad del departamento del Valle de Cauca.

La huelga de machetes caídos lo tiene mal al gobierno colombiano hace un tiempo. Dos semanas atrás, el DAS detuvo una trabajadora social alemana que acompañaba a los trabajadores y los movimientos sociales que participaban de la medida de fuerza. Christina Friederike Müller había sido invitada por organizaciones colombianas para hacer un relevamiento de las violaciones de los derechos humanos en las distintas regiones del país. Cinco agentes la detuvieron en una plaza y la llevaron a una sala de interrogación. No había una orden judicial en su contra ni un proceso abierto. Como a los franceses se la mantuvo incomunicada durante 24 horas y luego se ordenó su expulsión del país. Sólo pudo conversar con su abogado 15 minutos antes de subirse al avión.

Ayer reinaba un clima de frustración e indignación entre los defensores de derechos humanos colombianos y extranjeros. “Razones nos sobran”, dijo a este diario una abogada de la Corporación Jurídica Libertad de Medellín. Hace cinco días, relató, su organización recibió un mail. “Las Aguilas Negras (un grupo formado por ex paramilitares) redactaron una lista con el nombre de las principales ONG, locales y extranjeras, y nos declaró objetivos militares.” Las acusó de trabajar encubiertamente para las guerrillas colombianas.

El gobierno no dijo nada; no les ofreció protección. Quizá porque algunos funcionarios en el Palacio presidencial de Nariño no piensan tan distinto. En diciembre pasado, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos acusó a las ONG de ser herramientas de la guerrilla. “Las FARC saben cómo manipular a su favor los recursos judiciales, por ejemplo las organizaciones de izquierda, especializadas en la guerra jurídica contra los militares, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y las Brigadas Internacionales de Paz”, le había dicho al diario bogotano El Espectador.