EL MUNDO › EN COLOMBIA ACUSAN DE CORRUPCIóN AL PRESIDENTE DEL CONGRESO
Al gobierno de Alvaro Uribe se le abrió un nuevo frente: el legislativo. Crecen las presiones para que renuncie Hernán Andrade, señalado de financiar su campaña electoral con dineros robados al Estado colombiano.
› Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín
A la crisis del gobierno colombiano por los paros y protestas en el sector judicial, de indígenas, trabajadores del sistema electoral y cortadores de caña de azúcar, se sumó el escándalo en el Legislativo que tiene al presidente del Congreso a punto de perder el puesto. Las presiones para que el parlamentario Hernán Andrade renuncie son cada vez mayores. El senador, que llegó al cargo en julio pasado, está siendo señalado de financiar su campaña electoral con dineros robados al Estado colombiano.
El caso puso a Andrade en el ojo de los medios de comunicación y la oposición, que pide su renuncia, si es que no puede explicar por qué recibió 250 millones de pesos (unos 125 mil dólares) de manos del abogado hoy preso por desfalcar los dineros públicos en más de 500 mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares).
Este desfalco, según la Fiscalía, lo encabezó Cabrera, a través de la Caja Nacional de Previsión (Cajanal). Este fue el cerebro para que, desde los años noventa, un cartel de abogados lograra que se ordenara el pago de millonarias pensiones a supuestos maestros. En algunos casos se usaron listados reales, pero los docentes nunca recibieron el dinero. Todo se quedó en manos de los abogados, jueces, empleados corruptos de Cajanal y, probablemente, en los bolsillos de políticos como Andrade, quien dos días antes de las elecciones recibió el botín de manos de Cabrera. Este último tenía una condena a siete años de prisión, desde 1997, por el escándalo Cajanal. Pero el presidente del Senado, aunque fue uno de los mayores “auditores” de la investigación de Cajanal, dijo desconocerla. Entonces, acudió a él para que le prestara la plata en plena temporada electoral y firmó dos pagaré en blanco, lo que resulta bastante sospechoso para entregar una suma de dinero tan alta y en efectivo. Sobre todo en un país donde, según demostraron otros escándalos, como el llamado proceso 8000, donde se involucró al ex presidente Ernesto Samper, la mafia y la corrupción son los mayores financiadores de los políticos.
Andrade dijo ayer a los medios que, como no sabía que Cabrera estaban condenado, acudió a él como ante un comerciante cualquiera y que el fin del préstamo era financiar la campaña y comprar inmuebles. Pero el hoy presidente del Congreso no registró tales operaciones ante las autoridades electorales, así que más tarde ofreció otra versión: que los 125 mil dólares estaban destinados sólo a operaciones comerciales particulares. Además, trató de explicarse, “yo pagué la mitad del capital y los intereses cumplidamente hasta que (Cabrera) fue puesto en prisión. Y tengo los recibos correspondientes”, aunque aún no los enseña. Entonces, según dice, fue a la Fiscalía para saber a quién continuará pagando el préstamo, “pero no hubo forma judicial para saber qué hacer con ese dinero”.
Sin embargo, lo que resulta más extraño es que, según denuncia la revista Semana, el senador Andrade es uno de los visitantes más frecuentes de Cajanal, donde intercede por sus paisanos del departamento del Huila (centro del país) para el cobro de pensiones. Fue así, en numerosos pagos de pensiones ficticias, como el Estado colombiano llegó a perder, según la Fiscalía, más de 100 mil millones de pesos, aunque los medios registran unos 500 mil, lo que en dólares superaría los 250 millones.
Hernán Andrade dijo ayer que no descarta su renuncia como resultado de la polémica en que está envuelto, pero que confía en que su nombre saldrá en limpio. El presidente Uribe, que ha respaldado toda su carrera política asistiendo incluso a homenajes para Andrade, no se pronunció al respecto. La crisis del Poder Legislativo, aunque sean las cabezas de sus copartidarios las que estén en riesgo, le convienen tanto como la judicial que lo dio argumentos para decretar el estado de conmoción interior que aún no se levanta aunque el paro judicial lo haya hecho.
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