Desde México D. F.

La controversia jurídica llegó a su fin, pero la batalla política recién empieza. Tras casi ocho meses de agrias acusaciones entre las dos corrientes en disputa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) dio el triunfo al candidato Jesús Ortega en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El fallo culmina un proceso contaminado por el desaseo y el fraude que dejó a la principal organización política de la izquierda mexicana al borde de la fractura.

El tribunal ordenó el jueves a la dirigencia interina del PRD darle posesión en un plazo de 48 horas, lo cual fue severamente cuestionado por el otro candidato, Alejandro Encinas, quien calificó la resolución judicial como “una clara intromisión del Estado” en la vida de este partido.

En el fondo, la corriente perdedora en el PRD es la de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo campaña a favor de Encinas y su corriente, la única dentro de su partido que aún apoya al ex candidato presidencial de izquierda en las movilizaciones callejeras y en las Cámaras de Diputados y Senadores, mientras que los seguidores de Jesús Ortega lo han descalificado, han reconocido al gobierno de Felipe Calderón y le han dado sus votos legislativos en reformas cruciales, como la petrolera.

Ahora López Obrador analiza un rompimiento con el PRD para reagrupar sus fuerzas en el resto del Frente Amplio Progresista: el Partido del Trabajo y el Partido Convergencia, que han mantenido su apoyo al autoproclamado “presidente legítimo” de México.

Así, el Tepjf convalidó no sólo las sospechas de fraude electoral en las elecciones de presidente de la República, al avalar el triunfo electoral de Felipe Calderón por medio punto porcentual en 2006, sino que hizo lo mismo en la renovación de la dirigencia perredista, pese a que en ambos casos terminó reconociendo la existencia de graves irregularidades, mismas que no consideró en sus resoluciones finales.

Tras las elecciones internas de marzo pasado, cuyos conteos originales daban a Encinas como ganador, las acusaciones mutuas de fraude, robo de urnas, quema de casillas y manipulación de resultados llevaron a la peor crisis en los diecinueve años de vida del PRD. El desaseo de ambas partes condujo al despeñadero todo su proceso interno de renovación de dirigencias.

Durante más de mes y medio el partido quedó prácticamente acéfalo, con dos encargados de la representación institucional, hasta que el 3 de mayo las corrientes de Jesús Ortega tomaron el control del PRD e impusieron a Guadalupe Acosta Naranjo como presidente interino en una sesión controvertida.

La maniobra fue rechazada por la Comisión Nacional de Garantías que, finalmente, el 19 de julio, determinó anular las elecciones de presidente y secretario general del partido y ordenó al Consejo Nacional del PRD convocar a nuevas elecciones, para lo que les dio un plazo de treinta días.

Nada de eso ocurrió. Por el contrario, ese mismo día Jesús Ortega y su grupo impugnaron la anulación de elecciones ante el tribunal electoral.

Casi cuatro meses después el mismo tribunal revocó la nulidad de la elección, reacomodó los resultados y dio el triunfo a Ortega, pese a que los propios magistrados anularon 22,88 por ciento de las casillas debido a irregularidades. Los estatutos del PRD consideran la anulación total de sus elecciones internas con sólo el 20 por ciento de casillas anuladas.

Igual que en la calificación de la elección presidencial de 2006, el Tepjf se centró fundamentalmente en el tema cuantitativo de la elección interna perredista e ignoró el impacto de los aspectos cualitativos de las irregularidades detectadas.

El candidato derrotado en la instancia judicial, Alejandro Encinas, calificó de inadmisible a la resolución.

“Se trata de una decisión de carácter político que se estuvo administrando hasta la resolución de la reforma energética y el Presupuesto 2009, lo que da cuenta de la naturaleza de las decisiones que adopta este órgano electoral y que ratifica nuestra convicción de no haber acudido ante un órgano ajeno al partido, que no garantiza el respeto a la voluntad popular de los ciudadanos y, en este caso, de los militantes del PRD”, denunció.

Las declaraciones de Encinas apuntan hacia la permanente acusación contra Ortega y su corriente, Nueva Izquierda, de haber convertido al PRD en una oposición colaboracionista con la administración derechista de Felipe Calderón.

Ortega dijo que buscaría un acercamiento con Encinas y con López Obrador, pese a que su corriente ha pasado prácticamente todo el año denostándolos y descalificando las acciones de resistencia civil que han encabezado sus adversarios. Incluso, ofreció a Encinas asumir la secretaría general del PRD, lo cual no fue aceptado.

Y aunque el propio Ortega negó que el fallo del Tepjf fuera pago al voto favorable que sus legisladores perredistas dieron a la reforma energética, anunció que en cuanto asuma el cargo de presidente del PRD mantendrá la comunicación con el gobierno federal.