Terminó el capítulo argentino de la saga de los seis presos paraguayos. El martes llegaron a Paraguay en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por el grupo Aerotáctico, bajo la supervisión de la fiscal de la Unidad Antisecuestros Sandra Quiñónez. Los militantes del Movimiento Agrario y Popular y del Partido Patria Libre ya estarían detenidos en el penal de Tacumbú. Fueron extraditados a su país porque están acusados de haber participado en reuniones con el grupo que secuestró a Cecilia Cubas y luego le quitó la vida.

Ellos sostienen que la causa fue armada como parte de una persecución política, y por eso estuvieron más de dos meses en huelga de hambre en la Argentina. Pero tanto el juez federal Ariel Lijo como la Corte Suprema consideraron que no había elementos para rechazar la solicitud de extradición. El Poder Ejecutivo tampoco les concedió el asilo político que reclamaban. Las muestras de apoyo de un amplio arco de personalidades y organismos de derechos humanos no pudieron evitar su regreso a Paraguay.

Un grupo de familiares y militantes de Patria Libre se habían acercado a Ñu Guazú para protestar por la detención de los seis extraditados. Según el diario Ultima Hora, el dirigente sin techo Gilberto Cáceres y el representante de los Derechos Humanos Martín Almada pidieron constatar el estado de salud de los presos.

“Desde esta injusta situación de 2 años y 7 meses de prisión sin la existencia de pruebas que nos vinculen con el grave delito del que somos acusados, solicitamos a todos y todas de todas partes estar alertas ante la posibilidad de una condena por parte de la mafia colorada desde el Poder Judicial paraguayo, y levantamos la bandera por la inmediata libertad”, escribieron los seis en su última carta pública antes de dejar el penal de Marcos Paz.

Agustín González, Basiliano Giménez, Simeón Salinas, Gustavo Espínola, Roque Torales y Arístides Vera Silguero fueron acusados en Paraguay del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau, el 21 de septiembre de 2004. La acusación está basada en los dichos de un testigo. El testigo dijo que Patria Libre tenía vínculos con las FARC y detalló una reunión en la que habrían decidido el destino de la joven Cubas. Según afirma una de las abogadas de los paraguayos, Liliana Mazea, ese testigo habría sido comprado y tendría conexiones con la mafia. La justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos. “Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio el testigo, y como se caía la acusación, en esa parodia de juicio, cambiaron la fecha de la muerte de la chica. Es por estas cosas que decimos que allá no tienen ninguna garantía de un juicio imparcial”, apuntó Mazea.

Antes de ser detenidos los seis acusados habían visitado varias embajadas en Asunción, hasta que en la delegación argentina el embajador Rafael Romá les habría asegurado que en Buenos Aires les darían asilo político. Pero mientras lo gestionaban en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), la Cámara de Apelaciones en Paraguay cambió la carátula y dictó la prisión preventiva, por lo que fueron detenidos. La madre de Cecilia Cubas fue una de las principales promotoras de la detención.

En Buenos Aires, Mirta Gusinky contó con el apoyo de Juan Carlos Blumberg, que logró que fuera recibida por el ministro de Justicia Aníbal Fernández.

Luego de dos años y tres meses de estar detenidos, los paraguayos creyeron que la asunción del presidente Fernando Lugo podría cambiar su situación. Tenían esperanzas de que el flamante mandatario intercediera para que las autoridades argentinas les concedieran el tan ansiado asilo político. Pero eso no sucedió. Aunque el nuevo gobierno de Fernando Lugo es de signo muy distinto del Partido Colorado, el sistema judicial, policial y penitenciario, tradicionalmente dominados por el aparato Colorado, no se reconvirtieron de un día para otro. Y Paraguay, según la ONG Transparencia Internacional, es uno de los países con mayor corrupción en todo el mundo. La abogada de los seis militantes de Patria Libre aseguró que sus clientes corren riesgos en las cárceles paraguayas. “Los sicarios matan a los presos por encargo, y hay antecedentes de otros dirigentes de Patria Libre a quienes les quieren endilgar secuestros”, dijo Mazea a Página/12. Razones para preocuparse no le faltan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al estado paraguayo por el caso de secuestro y tortura de los dirigentes de Patria Libre actualmente refugiados en Brasil.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), en una declaración en defensa de los seis acusados, mencionó declaraciones al diario ABC de Paraguay del obispo de Misiones y Ñeembucú, Mario Melanio Medina. El obispo dijo que el necesario cambio en el Poder Judicial es el grito principal de las comunidades campesinas e indígenas.

“La decisión (de extraditarlos) rompe una larga tradición americana y nacional de respetar la figura del refugio político que fue utilizada desde Sarmiento y Alberdi hasta el actual funcionario kirchnerista Duhalde. Una vez más se ha instalado el discurso dictatorial de ‘por algo será’, que justificó el genocidio de Videla y compañía”, afirmó la LADH. “Hacemos responsable de la vida y seguridad de los compañeros a quienes alegremente firmaron la sentencia de extradición y convocamos a las fuerzas democráticas a movilizarse en solidaridad con los compañeros paraguayos, exigiendo su libertad y el cese de la represión contra el movimiento campesino y popular de Paraguay”, concluyó la LADH.