El gobernador de Illinois, el estado de Barack Obama, fue detenido ayer por querer subastar la banca de senador que dejó libre el presidente electo. Obama inmediatamente se distanció del escándalo y dijo que nunca había conversado del tema con el gobernador y que ni se imaginaba lo que estaba planeando. “Estoy triste y apabullado”, aseguró. El fiscal del caso, Patrick Fitzgerald, un hombre con fama de incorruptible que hace tres años investigó a la Casa Blanca, confirmó que el nombre de Obama no apareció en ningún momento de la investigación. Según las escuchas telefónicas que divulgó ayer la Justicia estadounidense, el gobernador demócrata Rod Blagojevich sabía que la banca “valía oro” y no iba a entregarla a cambio de nada. El funcionario quedó libre anoche, tras pagar una fianza de 4500 dólares.

“Es un día muy triste para Illinois. Hasta Abraham Lincoln se revolvería en su tumba”, aseguró el fiscal Fitzgerald en una conferencia de prensa, convocada para explicar la detención del gobernador. Hace un mes el FBI reunió suficientes pruebas para ordenar la intervención de los teléfonos del bunker de campaña de Blagojevich y su número personal. En apenas un mes reunieron evidencias sobre media docena de casos de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según declaró el fiscal estadounidense, el gobernador ya tenía dos ofertas para comprar la banca de Obama. Nunca mencionó los nombres de los interesados, pero sí que estaban dispuestos a pagar entre medio millón y un millón de dólares. “El problema es que Blagojevich quería el dinero por adelantado”, explicó Fitzgerald. La ley de Illinois establece que cuando un senador deja su banca antes de tiempo es el gobernador de su estado quien elige a su reemplazante.

La subasta de la antigua banca del futuro presidente norteamericano no fue sólo un desliz. Las escuchas demostraron que Blagojevich, de 51 años, y su jefe de gabinete John Harris, de 46, amenazó a los dueños del diario The Chicago Tribune, uno de los medios más respetados del estado, con frenar sus negocios si no lo apoyaban durante la campaña.

El matutino, como muchos de los grandes medios estadounidenses, está atravesando dificultades económicas con la crisis e intenta vender el estadio Wrigley Field del equipo de béisbol de los Cachorros de Chicago. Blagojevich les advirtió que si no despedían a los columnistas más críticos hacia su gobierno, él no aprobaría la venta del estadio. Tribune Company, la empresa propietaria del diario, no logró vender el estadio. Se acaba de declarar en bancarrota.

La lista de delitos sigue. Fitzgerald adelantó que en sus conversaciones telefónicas el gobernador habló de conseguir beneficios económicos a cambio de conceder subsidios al Hospital Memorial de Niños. “Al no recibir los 15 mil dólares solicitados, el gobernador intentó recuperar esos aportes previamente entregados al Hospital”, relató el fiscal del caso, quien fue el mismo que hace tres años investigó la participación de la Casa Blanca en la divulgación del nombre de la agente de la CIA Valerie Plame.

Blagojevich también quiso colocar a su esposa en el directorio de una empresa –puesto en el que ganaría hasta 150 mil dólares anuales– y estaba esperando recibir una suculenta suma de un sindicato. Además, intentaba desesperadamente mover sus contactos para ser elegido como secretario de Salud o de Energía en el próximo gobierno de Obama, o quizás alguna embajada en un destino elegante e importante.

“Los cargos anunciados hoy (por ayer) revelan claramente que el puesto de gobernador se ha transformado nada más ni nada menos que en un vehículo para el enriquecimiento propio, sujeto a afiliación partidaria y llevando a la política de Illinois a sitios cada vez más bajos”, se lamentó Robert Grant, agente especial del FBI a cargo de Chicago. La desilusión del investigador no es apresurada.

Blagojevich fue electo en 2003 bajo la promesa de limpiar el estado de la corrupción endémica. Su antecesor, el republicano George Ryan, está cumpliendo seis años de cárcel por delitos de corrupción muy similares a los que él enfrenta hoy.

Aunque el gobernador y su jefe de gabinete quedaron libres tras pagar una fianza de 4500 dólares cada uno, tanto los legisladores republicanos como los demócratas ya adelantaron que si no presenta su renuncia le iniciarán un juicio político.