EL MUNDO › EL GOBIERNO MEXICANO NO PUEDE FRENAR LA VIOLENCIA NARCO CON EPICENTRO EN CIUDAD JUAREZ
El estado fronterizo con Estados Unidos es el más violento de México, con más de 550 ejecuciones en lo que va del año, es decir, exactamente la mitad de las 1100 registradas a nivel nacional. El gobierno sólo atina a mandar más tropa.
› Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
Un ataque contra el convoy del gobernador, amenazas de muerte contra el alcalde de Ciudad Juárez, dos concejales asesinadas, un jefe de policía que abandona el puesto para frenar las ejecuciones de sus elementos... Chihuahua se desmorona y el gobierno federal sólo atina a multiplicar las fuerzas militares que ha destacado en su fallida guerra contra el narcotráfico en este estado fronterizo con Estados Unidos, el más violento, con más de 550 ejecuciones en lo que va del año, es decir, exactamente la mitad de las 1100 registradas a nivel nacional hasta el jueves pasado.
El miedo incluso ya traspasó la frontera, y el gobernador de Texas, Rick Perry, solicitó un millar de elementos federales para reforzar la seguridad de los principales cruces entre los dos países. En ello coinciden las autoridades de Arizona, que advirtieron que la violencia de los carteles mexicanos de la droga ya llegó a Estados Unidos.
En los últimos minutos del domingo pasado, el convoy en el que viajaba José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua, fue atacado a balazos desde dos autos. Uno de sus escoltas murió y tres más resultaron heridos; uno de los agresores fue capturado y se identificó como un ex militar. La Procuraduría General de la República descartó que se tratara de un atentado directo en su contra, y calificó el hecho como “un altercado de tránsito”.
La víspera, el secretario de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez, el mayor retirado Roberto Orduña, renunció a su puesto luego de que unos sicarios asesinaran a dos de sus elementos, cumpliendo una amenaza previa de ejecutar a un policía cada 48 horas si el funcionario no dimitía.
Durante la semana, en varios puntos de Ciudad Juárez aparecieron carteles con amenazas contra el alcalde José Reyes Ferriz y su familia, a la que mudó al otro lado de la frontera: “Te vamos a cortar la cabeza junto con tu familia aunque esté en El Paso, Texas”. El alcalde de ese condado estadounidense, John Cook, ofreció protección a su homólogo mientras se encuentre en EE.UU., pues “lo último que quiero es que el alcalde de nuestra ciudad hermana sea una víctima más de la violencia”.
La semana pasada, un par de concejales de un municipio rural chihuahueño fueron ejecutadas con disparos de AK-47, casi sobre el fronterizo río Bravo, a 60 kilómetros de Ciudad Juárez.
El miércoles, tras la segunda reunión del gabinete de seguridad de la administración de Felipe Calderón, realizada precisamente en Ciudad Juárez, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, reveló a empresarios y políticos locales que enviará a 5000 soldados más para recuperar “la plaza”.
Filtraciones periodísticas destacan que el ejército tiene a 45.000 elementos distribuidos en 10 estados en combatiendo al crimen organizado, de los cuales 20.000 se dedican exclusivamente a la erradicación manual de cultivos de marihuana y amapola. Sin embargo, la Sedena tenía considerado aumentar en 5200 el número de sus efectivos al combate directo al narcotráfico.
No obstante, el Departamento de Estado en Washington tiene informes de que en total hay 27.000 miembros del ejército y de la Policía Federal en operaciones conjuntas en 10 estados mexicanos.
El gobierno federal inició aquí la guerra contra el narcotráfico con el Operativo Conjunto Chihuahua, el 31 de marzo de 2008. Desde entonces, más de 1810 personas han sido asesinadas en la entidad, la mayor parte en Ciudad Juárez.
Según el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, “a los violentos no se les va a ceder ni un centímetro de la plaza. Las bandas de narcotraficantes serán expulsadas de esta ciudad. Vamos a recuperar Juárez”.
La reunión del Gabinete de Seguridad, en la que participaron los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, además del procurador general de la República y el gobernador de Chihuahua, fue marcada por reiteradas amenazas de atentados que obligaron a cerrar las instalaciones del aeropuerto internacional de esta ciudad fronteriza, así como la sede del Poder Judicial de la Federación y el puente internacional Paso del Norte, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
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