Desde París

El presidente de Sudán entiende la Justicia y el derecho internacional a su manera. Dos días después de que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, emitiera una orden de arresto contra el presidente sudanés por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur, Omar Hasan el Bashir les sacó la lengua al fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, y a la comunidad internacional en su conjunto.

Con 300 mil muertos a sus espaldas y un millón y medio de personas desplazadas, Bashir respondió a la Corte Penal Internacional diciendo que su pedido de arresto no cambiaría nada. “La decisión de la CPI no cambiará los planes y programas del gobierno. El Ejecutivo continuará las gestiones con miras a la paz y organizará elecciones libres y justas”, dijo Bashir. El jefe de Estado tiene previsto visitar Darfur este mismo fin de semana. Lo más grave no son las burlas de Bashir sino la decisión que tomó de expulsar a trece organizaciones humanitarias que operaban en Sudán. La expulsión de las ONG es una reacción directa al pedido de arresto cursado por la CPI, el cual abre la posibilidad de que el presidente de Sudán sea detenido en cualquier país de los 180 miembros de las Naciones Unidas.

La acusación contra el presidente sudanés está vinculada con el papel que desempeñó en la guerra de Darfur. Este conflicto estalló en febrero de 2003 y, según informes convergentes de la ONU y de varias ONG, la guerra dejó un tendal de más de 300 mil muertos. La ONU advirtió ayer que más de un millón de personas podrían pasar hambre en Sudán mientras que varios miles de seres humanos estarían condenados a muerte a raíz de la salida forzada de las ONG del país. Elizateh Byrs, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, proporcionó estimaciones precisas sobre lo que se perfila en el horizonte: “Con la salida de las ONG, y si el gobierno no reconsidera su posición, un millón cien mil personas se quedarán sin comida, un millón y medio carecerán de atención médica y más de un millón no tendrá agua potable”. La responsable de las Naciones Unidas no exagera las cifras, ya que cerca de tres millones de personas dependen de la ayuda suministrada por las ONG. La ONG francesa Acción contra el Hambre (es una de las expulsadas) resaltó en París que los niños que reciben en Darfur atención debido a la desnutrición aguda que sufren “están hoy amenazados de muerte”.

Nada parece conmover a Omar Hasan el Bashir. Es lícito recordar dos cosas. Una: el presidente goza aún de sólidos apoyos en el Consejo de Seguridad de la ONU. China ha desplegado esfuerzos consecuentes para evitar que su aliado sudanés sea condenado con mucha virulencia. Dos: durante mucho tiempo y en momentos en que se cometían los crímenes más espantosos en Darfur, la ONU, con la administración Bush a la cabeza, miraba hacia otro lado. Omar Hasan el Bashir creció a la sombra de los crímenes y de la indiferencia de la comunidad internacional.

Las acusaciones contra el presidente sudanés lo señalan como el organizador de una campaña de exterminio premeditado de tres tribus de agricultores –fur, masalit y zaghawa– en el curso de la cual murieron 35.000 personas. La Corte Penal Internacional estableció que para llevar a cabo esa campaña, Omar el Bashir utilizó las fuerzas armadas y las milicias paramilitares de origen árabe –conocidas como yanyauid– que fueron las responsables de la expulsión de los campesinos de sus tierras.

Entre las trece ONG expulsadas esta la sección francesa de Médicos sin Fronteras. MSF operaba al oeste de Darfur, en la región de Zalingeri, una ciudad donde viven 130 mil personas, de las cuales 100 mil son desplazadas. La presidenta de la sección francesa de Médicos sin Fronteras, Marie-Pierre Allié, denunció la trampa en la que están las ONG: “Las organizaciones no gubernamentales han sido tomadas como rehenes entre la comunidad internacional, que obtuvo el mandato para arrestar a Bashir, y el gobierno sudanés, que nos aísla en detrimento de las poblaciones. Médicos Sin Fronteras asegura que el conflicto de Darfur es una de las diez crisis humanitarias más graves y peor atendidas del año pasado. Para varios sectores de la oposición sudanesa, la orden de arresto emitida por la CPI es un argumento más para sacar a Bashir del poder que ocupa desde que llegó por un golpe de Estado en 1989 –luego ganó en el 2000 las elecciones presidenciales, pero la oposición consideró esos comicios una farsa–. De paso por París, el líder sudanés del opositor SLM (Movimiento de Liberación de Sudán), Abbel Wahid Mohamed Nour, interpeló al Consejo de Seguridad de la ONU para que éste no hiciera “desviar la justicia”. Según Mohamed Nour, la ONU no debe aceptar que se interrumpa el proceso judicial que inició Luis Moreno Ocampo en La Haya. El problema está en que la Unión Africana y la Liga Arabe tienen la intención de dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU a fin de que se interrumpa el procedimiento lanzado por la CPI. Nour también se dirigió a la comunidad internacional para que cambie el estatuto de la Minuad, la fuerza de la ONU actualmente desplegada en Darfur. “El mandato actual consiste en sentarse y mirar. Pero lo que necesitamos es una fuerza internacional que detenga el genocidio y permita que las ONG ayuden a la población.”