Desde Lima

Luego de un año y cuatro meses de juicio y en medio de una gran expectativa, hoy se dictará sentencia contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), por la guerra sucia implementada durante su gobierno. Fujimori es el segundo presidente en la historia del Perú en ser procesado penalmente y el primero en ser juzgado por violaciones a los derechos humanos. En los años ’30 fue juzgado por corrupción el ex presidente Augusto Leguía, quien murió en prisión antes de que culminara el juicio en su contra. La fiscalía acusa a Fujimori, de 70 años, por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves y ha pedido una condena de treinta años.

El presidente Alan García se ha mantenido al margen del proceso a Fujimori y ayer se limitó a decir que esperaba un fallo “justo y legal”, sin precisar qué entendía por justo y legal. El proceso penal a Fujimori se ha dado en medio de los cuestionamientos al gobierno de García por su alianza con el fujimorismo y las críticas por los privilegios que Fujimori recibe como único prisionero del cuartel policial donde está recluido.

Keiko Fujimori, hija del ex dictador y actual congresista, ha amenazado con protestas callejeras si su padre es condenado, y la policía teme actos de violencia, por lo que se ha declarado en estado de alerta. Los fujimoristas se movilizarán hoy hasta las cercanías del cuartel policial de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, donde está encarcelado Fujimori y se ha instalado el tribunal que lo juzga, para esperar la sentencia.

Por su parte, los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales han convocado una concentración en la Plaza Italia, en el centro de Lima, para seguir la lectura de la sentencia, que se transmitirá en directo por televisión. Numerosos observadores internacionales han llegado a Lima para asistir a la culminación de un juicio considerado histórico en la defensa de los derechos humanos. “Este juicio, que ha sido ejemplar, es un hito en la lucha contra la impunidad”, señaló Alirio Uribe, observador de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Los cargos contra el ex dictador son por 25 asesinatos cometidos, entre 1991 y 1992, por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte formado por el ejército durante el régimen fujimorista, y el secuestro en 1992 del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. En el proceso se presentaron más de 80 testigos, entre ellos ex agentes del Grupo Colina que admitieron sus crímenes y aseguraron que Colina era un destacamento oficial del ejército y que ellos asesinaron cumpliendo órdenes de los máximos jefes militares, que respondían directamente a Fujimori, y de Vladimiro Montesinos, quien fuera el brazo derecho de Fujimori.

El abogado del ex presidente, César Nakasaki, ha exigido la absolución de su cliente, argumentando que no existe una prueba directa en su contra, como un documento firmado ordenando los asesinatos de Colina. “Es absurdo pensar que existen órdenes escritas para matar. Según la teoría de la autoría mediata por la que se acusa a Fujimori, se requieren indicios que lleven a la convicción de que existió una política de guerra sucia dirigida por Fujimori, y eso está probado. La teoría de la autoría mediata también se usó en Argentina para condenar a las juntas militares”, afirma el fiscal José Antonio Peláez.

La acusación se sustenta, entre otras pruebas, en las declaraciones de los ex agentes del Grupo Colina que sindican a Fujimori como la persona que aprobaba sus acciones criminales, en los documentos de felicitación y ascensos que Fujimori firmó a favor de los miembros de Colina, en documentos desclasificados de la embajada norteamericana que revelan que Fujimori estaba informado de la existencia dentro del ejército de este escuadrón de la muerte pero no hizo nada para detener sus operativos criminales, en las acciones del gobierno fujimorista para bloquear las investigaciones sobre el Grupo Colina y en la ley de amnistía que Fujimori dio en 1995 para favorecer a sus integrantes.

Durante el juicio, el abogado Nakasaki presentó a Fujimori, quien durante su gobierno concentró todo el poder en sus manos, como un presidente sin capacidad de dar órdenes a los militares y ajeno a las operaciones castrenses contra la subversión armada. Sin embargo, en su alegato final, Fujimori se presentó a sí mismo como el conductor principal de la guerra interna, entrando en contradicción con su propia defensa.

En su alegato final, Fujimori insistió en que tenía un amplio respaldo popular y que independientemente de la sentencia que reciba hoy, el pueblo lo absolvería. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Una encuesta realizada en Lima por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica (IOP), divulgada el domingo último, revela que un 64 por ciento opina que Fujimori es culpable, mientras sólo un 25 por ciento se pronunció por su inocencia. “Fujimori ya ha sido condenado por la opinión pública”, asegura Fernando Tuesta, director del IOP.