Desde Londres

El escándalo de las dietas parlamentarias alcanzó al primer ministro Gordon Brown (foto) y a buena parte de su gabinete. En las últimas revelaciones de una saga que trae semanas, trascendió que el primer ministro cobró el equivalente a unos 22 mil dólares en resarcimiento por la hipoteca de su casa en Escocia desde que sustituyó a Tony Blair en junio de 2007.

Según la oficina del primer ministro, Brown actuó de acuerdo con las reglas establecidas por el Comité de Estándares de la Vida Pública y siguiendo la “línea adoptada por sus predecesores”. El mismo Brown había dejado en claro con anterioridad a estas revelaciones que era necesario cambiar el sistema por uno más transparente, pero en medio de la recesión económica y con los ministros de Economía, Transporte, Vivienda e Interior también bajo la lupa, la revelación es un duro golpe para el laborismo. El único consuelo para el partido que prometió ser “más puro que el blanco” es que el descrédito no se limita al gobierno. Una encuesta publicada ayer por el matutino The Times revela que dos terceras partes de los entrevistados están seguros de que la mayoría de los parlamentarios se aprovechan del sistema de dietas y viáticos.

Este sistema permite a los parlamentarios que se vean obligados a residir en dos domicilios recibir una compensación monetaria por los gastos incurridos en la casa adicional que exige su actividad política. El escándalo ha dejado en claro que estas reglas están expuestos a todo tipo de abusos, porque los diputados pueden decidir discrecionalmente cuál de los dos domicilios consideran su hogar. Es el caso de la actual ministra del Interior, Jacqui Smith, que recibió el equivalente a unos 160 mil dólares desde que fue electa al Parlamento por la casa en la que viven su marido y sus hijos, asegurando que su hogar era Londres, donde le alquilaba un cuarto a su hermana.

El ministro de Economía, Alistair Darling, gran crítico de las bonificaciones de los banqueros, aprovechó al máximo la doble ventaja que le ofrecen su escaño y su posición ministerial. Darling habita la casa que corresponde gratis al titular de la cartera y al mismo tiempo recibe una compensación económica por “segundo domicilio” de la hipoteca de su casa en Edimburgo, distrito en el que fue elegido, a la vez que cobra el alquiler de un departamento en Londres. La actual ministra de Vivienda, Margaret Beckett, y el ex ministro de Defensa, hoy titular de Transporte, Geoff Hoon, han hecho un uso similar de sus prerrogativas parlamentarias y ministeriales. No cabe duda de que el caso de la ministra Smith fue el más sonado hasta el momento, porque en su cuenta de gastos parlamentarios por su “segundo hogar” figuraba el alquiler de dos películas porno que, según se supo, había visto su marido cuando su esposa estaba en Londres.

El escándalo no se limita a los laboristas. Diputados conservadores y liberal demócratas han caído también en la rodada. Es que con ojo de abogado y contador los legisladores han aprovechado las rendijas legales existentes para incrementar sus sueldos de manera legal con gastos de representación y viáticos de diversa naturaleza: televisión en cable, lavarropas, cenas y productos de jardinería.

El vespertino Evening Standard reveló ayer que la vocación de trotamundos de los diputados elevó el gasto por viajes el año pasado a más de un millón y medio de dólares. A Perú fueron a comprender mejor el comercio de la cocaína, a Sudáfrica a examinar el funcionamiento de las prisiones, a Nueva York para ver de cerca los estándares de la prensa y las leyes de privacidad, y así sucesivamente. Según críticos como la Taxpayers Alliance (“Alianza de los contribuyentes”), habría que mirar con lupa cada viaje para ver si se justifica.

El Comité de Estandares de la Vida Pública está investigando estos casos. A nivel legal, el consenso de los analistas es que no hay delito. A nivel político es otro cantar. Según el libro verde de los parlamentarios, los diputados son “responsables por asegurar que su uso de las dietas y otras prerrogativas sea inobjetable”. Según un analista sin pelos en la lengua, Simon Jenkins, esta regla basta para condenar a los parlamentarios. “Nadie renuncia. Nadie admite que hubo algo impropio o una malversación de fondos públicos. La premisa parece ser que todo era éticamente impecable hasta que los agarraron”, escribió Jenkins en el Evening Standard.