Desde Santa Cruz

En el Salón Rojo del Palacio Quemado, el presidente Evo Morales y 14 dirigentes de organizaciones sociales iniciaron una huelga de hambre para exigir al Congreso la aprobación de la ley electoral transitoria, que reglamentará los comicios generales del 6 de diciembre próximo. “Frente a la negligencia de un grupo de parlamentarios neoliberales fuimos obligados a asumir esta medida. No quieren que se apruebe una ley que permita garantizar la implementación de la Constitución. Pedir un nuevo padrón es simplemente decir que no haya elecciones nacionales ni prefecturales”, dijo Morales. A las pocas horas, en las principales ciudades dirigentes sociales y autoridades nacionales se sumaban a la manifestación, se mostraban ante las cámaras acostados en el suelo de sus despachos, mascaban coca rodeados de banderas bolivianas y whipalas. En el Congreso anoche el Movimiento al Socialismo (MAS) logró que se aprobara la ley en general, lo que provocó que una mayoría de la oposición se retirara del recinto.

El miércoles, un grupo de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) protestaba ante el Congreso porque había ignorado su proyecto de ley, que pedía 18 legisladores propios. En Diputados se había aprobado la iniciativa del MAS, que daba a los indígenas 14 escaños sobre los 166 que tendrá la Asamblea Plurinacional, nuevo nombre del Congreso. El proyecto aprobado por el Senado –manejado por la oposición– reduce a cuatro las bancas para los originarios. Como no había acuerdo, ambas cámaras sesionan en conjunto. Actualmente se discute la posibilidad de dar a los indígenas sólo seis asientos. Para los originarios, la asamblea legislativa tendrá poco de “plurinacional”. El miércoles, en conferencia de prensa, el presidente de la Cidob, el tacana Adolfo Chávez, se puso a llorar por la “traición” del gobierno de Morales, que se define aymara.

Los medios de comunicación de la oposición –casi todos– hicieron lo que nunca: entrevistaron a los indígenas aliados de Morales, que ahora lo cuestionan. Por eso en el gobierno hablan del “escándalo de la Cidob”. El ayuno de Morales fue tomado como un gesto de reconciliación. Ayer, de regreso a Santa Cruz, en la Cidob analizaban si se sumaban a la huelga de hambre convocada por el presidente.

Morales inició la manifestación acompañado de la Central Obrera Boliviana (COB), la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Confederación Sindical Unica Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), la Confederación Nacional del Maestros Rurales de Bolivia (Cnmrb), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (Conamaq), la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, entre otros. A las pocas horas, se iniciaron huelgas en prefecturas y sindicatos de todo el país.

“El trabajo del Congreso va sumamente lento. Creemos que se pueden aprobar hasta ocho escaños para los pueblos indígenas. Vamos a quedarnos hasta que aprueben la ley. Quizás lo hagan mañana”, dijo a Página/12 Isaac Avalos, diputado y secretario ejecutivo de la Csutcb, también uno de los 14 que comenzó la huelga con el presidente. El miércoles, varios legisladores del MAS habían amenazado con renunciar al primer minuto de ayer si la oposición no viabilizaba un acuerdo. Cuando dio la medianoche, varios congresistas de Poder Democrático Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) empezaron a corear “¡que renuncien!” a los masistas cuyas abdicaciones tenían redactadas.

“Lo que no puede conseguir en términos de la coherencia de una ley, trata de conseguir en términos de una huelga de hambre. Me parece absolutamente penoso que nuestro presidente esté buscando medidas de presión contra el Congreso”, dijo el senador Walter Guiteras, de Podemos.

El voto de bolivianos en el exterior, una de las trabas, estaba cerca de solucionarse ayer. La Corte Nacional Electoral (CNE) aseguró que podría inscribir a los 200 mil primeros votantes del extranjero para la consulta de diciembre, cuando Morales buscará la reelección. Hace días, el presidente había dicho que está facultado para convocar a elecciones por decreto. Pero la CNE advirtió que sólo administrará comicios si son aprobados por ley del Congreso.

La oposición exige crear un nuevo padrón electoral, porque el actual estaría viciado. Pero el gobierno sostiene que la lista de electores fue auditada por varios organismos internacionales y tendría una veracidad del 96 por ciento.

Los legisladores tampoco se ponen de acuerdo en la cantidad de escaños para los indígenas, que en un principio exigían 34 lugares, uno para cada pueblo indígena. Pero la oposición y el MAS creen que no se puede dar un legislador para una circunscripción de 200 habitantes, como sucede con algunos pueblos indígenas, cuando ciudades con 125 mil electores también tienen derecho a un solo asambleísta. “Nosotros no hacemos representación numérica. Representamos a pueblos indígenas. ¿Qué culpa tenemos nosotros si ellos nos exterminaron y nos delimitaron?”, se preguntó José Bailaba, de la Coordinadora de los Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc).