Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó la extradición del dictador panameño Manuel Noriega a Francia y en Panamá sus detractores lamentaron la decisión judicial. “Tengo la esperanza, sin ánimo de revancha, de verlo llegar a Panamá y que lo conduzcan a una de las cárceles para que pueda resarcir al pueblo de todas las atrocidades que cometió”, aseguró Alcibíades Vásquez, vicepresidente del opositor Partido Panameñista. En París lo espera una condena de diez años por lavado de dinero, mientras que en su país natal lo condenaron a por lo menos 54 años por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante su gobierno militar y la ejecución y desaparición de líderes opositores.

A principio del año pasado, cuando el general golpista estaba pronto a cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos, la Justicia francesa empezó a moverse para conseguir la extradición. Hace 20 años, cuando Estados Unidos invadió Panamá, tomó como “prisionero de guerra” al dictador y lo encarceló en Florida con una condena de 40 años. Por buena conducta, primero le redujeron la pena a 30 años y finalmente a 17. Pero mientras cumplía su tiempo en el penal de Florida, el dictador panameño enfrentaba juicios en ausencia en París y en su país natal.

Según la oposición panameña, mientras la Justicia francesa actuó de inmediato para conseguir que el dictador de 75 años cumpla su condena en el territorio europeo, la Justicia panameña y el gobierno de Martín Torrijos no mostraron la misma voluntad. “El actual gobierno de Torrijos está integrado por un gran número de personas que en su momento fueron recalcitrantes adictos al general y que ahora lo han relegado y temen que su presencia en el país les pueda resultar contraproducente”, opinó Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional, quien se vio forzado a exiliarse en el exterior durante la dictadura de Noriega.

“El general golpista tiene que terminar de cumplir sus penas en Panamá para empezar finalmente a cerrar las heridas que dejó la dictadura y para que los muchos que cometieron toda serie de satrapías contra los derechos humanos junto con Noriega sepan que el crimen y la impunidad se pagan”, agregó el profesor. En el país centroamericano, los crímenes de la dictadura son en general un tabú, según Bernal.

Irónicamente, el propio Noriega quiere lo mismo que sus detractores, volver a Panamá. Según la oposición a Torrijos, el gobierno le daría beneficios, aunque sea dentro de la cárcel, y haría más confortables sus últimos días. Durante todo el año pasado, la defensa del dictador argumentó que como su cliente había sido calificado como un “prisionero de guerra” en 1989 por la Justicia estadounidense, una vez cumplida su condena debía ser repatriado a su país, como lo estipula la Convención Internacional sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra de Ginebra. El juez de primera instancia rechazó este argumento y ahora lo ratificó el Tribunal de Apelaciones. La defensa del dictador panameño ya adelantó que llevará el caso ante la Corte Suprema.