Las dudas, las sospechas y el temor marcaban ayer el humor de los guatemaltecos. Funcionarios, dirigentes opositores, empresarios, sindicalistas y militantes contaban las horas y preparaban el terreno para un día clave dentro de la crisis política que desató el asesinato de un exitoso abogado y la revelación post mortem de un video en el que denuncia al presidente Alvaro Colom y su entorno íntimo.

Hoy marcharán por las principales calles de la capital guatemalteca dos movilizaciones antagónicas. Una fue convocada por las autoridades regionales de la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza para “defender la democracia” y, con ella, al gobierno; la otra por los partidos opositores de derecha y las cámaras empresariales, que piden la renuncia inmediata del presidente.

El gobierno movilizó a cuatro mil policías –un número inusual para la ciudad– buscando evitar cualquier confrontación, pero los ánimos están caldeados. Ayer la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, una dura opositora del gobierno, intentó poner un freno a la escalada verbal que condujo la derecha en los últimos días. “Aquí lo que se está haciendo es una cortina de humo bastante delicada. Yo llamo a los partidos políticos a que no hagan de esto un caos. El caos debilita el Estado de derecho, la tranquilidad social, causa incertidumbre, se están extralimitando los partidos, porque prácticamente están desviando la atención, cuando el impacto de este crimen tiene otros enfoques”, pidió la líder indígena.

Desde que salió a la luz el video del abogado Rodrigo Rosenberg, el lunes pasado, el presidente Colom canceló su agenda y se refugió dentro del Palacio de Gobierno. Con el ceño fruncido y una postura totalmente rígida, dio dos entrevistas a medios norteamericanos, otras dos a cadenas nacionales y una conferencia de prensa. La última entrevista fue en la noche del viernes. “No tengo nada que esconder. Por ello hemos abierto las puertas a cualquier ente de investigación”, explicó por quinta vez el mandatario.

El lunes anterior todos los canales de televisión guatemaltecos habían difundido el video de 18 minutos que dio inició a la peor crisis política de los dos años de gobierno de centroizquierda de Colom. Rosenberg era un abogado exitoso pero prácticamente desconocido hasta el día anterior, cuando lo acribillaron a plena luz del día mientras andaba en bicicleta. No militaba en ningún partido, aunque tenía muy buenos amigos en la oposición y en las politizadas cámaras empresariales guatemaltecas.

Rosenberg había grabado el video dos días antes de su muerte, según dijo, para asegurarse de que si algo le pasara él pudiera contar su verdad. Esa verdad sería que el presidente, la primera dama Sandra Torres y su círculo más íntimo de colaboradores lo matarían para encubrir el desvío de millones de dólares de dinero público. Según explicó, el gobierno giraba la plata al Banco de Desarrollo Rural a nombre de programas sociales inexistentes o con nóminas de beneficiarios infladas.

Uno de los clientes de Rosenberg, el empresario textil Khalil Musa, lo habría descubierto cuando el gobierno le ofreció un asiento en el directorio del banco de capital mixto. Musa fue asesinado junto a su hija Marjorie un mes atrás, también a plena luz, cuando volvían a su casa.

El Ministerio Público ya abrió una investigación y, a pedido del presidente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de la ONU, participará de ella. Pero como los tiempos de la Justicia no son iguales a los de la política, la oposición y las cámaras empresariales ya consiguieron capitalizar el clima de bronca y sumar fuerza para demandar la renuncia del presidente.

“Tenemos que defender la institucionalidad del país, la gobernabilidad. La cúpula empresarial está preparando un golpe de Estado”, le advirtió a este diario Ruben Masariego, el líder de los hospitalarios en la Unidad de la Acción Sindical y Popular, la central gremial que anoche prometió movilizar a más de 40 mil trabajadores en apoyo del presidente.

“Están acostumbrados a manipular a los gobiernos de turno y como con este no pueden aprovechan para provocar y polarizar la sociedad”, agregó.

Durante toda la semana miles de personas de los asentamientos de las afueras de la capital y militantes de movimientos sociales y sindicatos se disputaron la Plaza de la Constitución frente al Palacio Presidencial ante otros miles de guatemaltecos, de clase media la mayoría, que reclamaban justicia y, algunos, la salida del presidente.

Habían militantes opositores y hombres y mujeres vinculados al mundo empresarial, pero también muchos eran padres o madres de familia que a 13 años del final de una larga y cruenta guerra civil están cansados de la impunidad y la violencia. Guatemala fue uno de los últimos países del continente en recuperar la democracia, y las secuelas de 36 años de enfrentamiento armado, terrorismo de Estado y de 200 mil muertos y desaparecidos son aún palpables.

Más de la mitad de la población vive en la pobreza, una cifra similar a la de los países vecinos. Sin embargo, las huellas de la represión toman forma cuando se analiza la situación de las comunidades indígenas, concentradas principalmente en las zonas rurales. El 80 por ciento de los indígenas es pobre y más del 40 por ciento, analfabeto, según la ONU.

Son ellos los que apoyan al presidente Colom. “La popularidad del gobierno se concentra en el interior del país y las zonas rurales porque allí se concentraron las ayudas sociales, las mejoras en la salud y la educación”, explicó a este diario Secil de León, un dirigente de derechos humanos de Descgua, una ONG que monitoreó el desarme durante los ’90 y ahora colabora con el Estado en campañas de salud en las zonas rurales.

“Este gobierno no es perfecto, pero algunas cosas han mejorado. Ya no nos persiguen por criticar, hay libertad de expresión, pero sigue habiendo mayoría de pobres, siguen asesinando todos los días y los desaparecidos siguen sin tener justicia”, señaló De León.

Según estimó la ONU, aún hoy, en democracia, sólo el 98 por ciento de los crímenes se resuelve en Guatemala. La impunidad no es un invento de políticos manipuladores, pero tampoco lo son los golpes de Estado y la concentración de poder y riqueza en unas pocas manos.