EL MUNDO › EL CASO DEL ASESINATO DE UN ABOGADO DESATó UNA CRISIS POLíTICA
Unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país se reunieron en la Plaza Constitución para defender al gobierno de Alvaro Colom. Otras 15.000 se movilizaron hacia Plaza Italia, pidiendo la renuncia del mandatario.
Siete días pasaron desde el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien acusó a través de un video post mortem al presidente Alvaro Colom y a su entorno más cercano de su muerte y desató una crisis política en el país centroamericano. La tensión se acumuló durante toda la semana y ayer más de 50 mil personas coparon las calles de la capital divididas en dos marchas distintas. Una, a favor del presidente de centroizquierda y en defensa de la democracia frente a lo que denuncian como intentos de desestabilización por parte de la oposición, y otra, unida bajo el reclamo de justicia y esclarecimiento del crimen en la cual también se pidió la renuncia del mandatario.
La Plaza Constitución, frente a la Casa de Gobierno, albergó a unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país en defensa del oficialismo. La convocatoria fue lanzada por el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, según el diputado Juan Alfaro, uno de sus organizadores, el respaldo del pueblo a Alvaro Colom fue masivo.
Con pancartas en las manos luciendo imágenes del presidente Colom, decenas de miles le manifestaron su apoyo al jefe de Estado. “Colom, amigo, el pueblo está contigo” y “Alvaro, presidente amigo, Guatemala entera está contigo”, fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse entre este grupo de gente.
La mayoría de los que corearon durante toda la mañana su adhesión al oficialismo fueron indígenas y comunidades enteras de campesinos llegados a la Capital desde el interior del país y sus zonas rurales; allí es donde la pobreza registra sus índices más altos en Guatemala; no obstante, es también en esas zonas, según informes de diversas ONG, donde se concentró la mayor parte de la ayuda y los programas sociales del gobierno durante los dos años de su gestión.
Como contracara, y a poco más de un kilómetro de distancia, unas 15.000 personas, en su mayoría sectores de clase media y clase alta, se vistieron de blanco y marcharon hacia Plaza Italia, frente a la Alcaldía capitalina, reclamando el esclarecimiento del asesinato del abogado Rosenberg, en un país donde el 98 por ciento de los asesinatos queda sin resolver y las muertes violentas alcanzan 17 por día.
Sin embargo, al tiempo que muchos clamaban por justicia, un sector pedía directamente la renuncia del presidente. No estamos pidiendo que se destituya al presidente ni organizamos un golpe de Estado ni queremos una revolución”, precisó Oscar Díaz, uno de los jóvenes que organizaron la marcha en contra del presidente a través de foros de Internet. “Sólo queremos justicia”, agregó.
Pero el accionar de algunos grupos en las calles pareció desmentirlo: varios grupos de manifestantes pedían a gritos la renuncia de Colom o bien un juicio para desaforarlo y así permitir que se investiguen las acusaciones del abogado. Para ello, no se quedaron quietos: un grupo de voluntarios anunció ayer que había recogido más de 30 mil firmas –del millón que se necesitan– para pedir el juicio político en contra de Alvaro Colom.
Ana Isabel Mata Castillo, una ama de casa que estuvo en la marcha opositora, quiso diferenciarse de aquellos que pedían la cabeza del mandatario y aclaró que ella salió a las calles únicamente por la violencia que se vive en su país y por el fin de la impunidad. “Aquí no estamos por la renuncia del presidente; aquí estamos luchando por todos, por los choferes que matan, por la gente a la que roban en los autobuses del servicio público. Estamos luchando por toda Guatemala”, explicó la mujer.
En su video grabado tres días antes de morir, el abogado Rodrigo Rosenberg señaló como eventuales responsables de su muerte al presidente Alvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos. De acuerdo con la versión del abogado, él habría descubierto una red de corrupción al más alto nivel en el Estado que estaría desviando fondos públicos a través de un banco estatal para programas sociales inexistentes.
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