Desde Santa Cruz

El 5 de mayo pasado, tres mujeres comenzaron una huelga de hambre en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en la ciudad de La Paz. Su manifestación no fue un suceso mediático, como la huelga encabezada por el presidente Evo Morales a inicios de abril para exigir la aprobación de la ley electoral. Pero la medida de presión instalada por Olga Flores, Martha Montiel y Hortensia de Flores se hizo conocida con el pasar de los días y reavivó una pregunta casi olvidada: ¿Dónde están los 170 desaparecidos de las últimas dictaduras militares de Bolivia? Ayer, el gobierno ordenó a las fuerzas armadas mostrar los documentos sobre lo sucedido en aquellos años. Sin embargo, las huelguistas continuarán sin probar bocado porque consideran que la respuesta de Morales es insuficiente.

Juan Carlos Flores Bedregal, hermano de Olga, desapareció en el asalto del ejército a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en 1980. Tirso Montiel, compañero de Marta, fue asesinado en la guerrilla de Teoponte, en 1970. Rodolfo Flores Sanmillán, esposo de Hortensia, fue secuestrado por la dictadura de René Barrientos en 1968 y enviado a Paraguay. “La semana pasada nos reunimos con el Comando de las Fuerzas Armadas y nos dijeron que no tenían nada. Sabemos que en 1985 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro llevó toda la documentación sobre las dictaduras del Estado Mayor y la archivaron en bóvedas del Banco Central. Luego la llevaron con rumbo desconocido. Nosotros hemos investigado y creemos que esos archivos están en el Departamento Segundo de Inteligencia”, dijo a Página/12 Delia Cortez, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).

En los primeros días, la huelga de las familiares pasó desapercibida. La atención mediática estuvo centrada en el desmantelamiento de una célula terrorista internacional que intentaba asesinar al presidente boliviano para avanzar la causa del secesionismo en la prefectura de Santa Cruz de la Sierra.

Pero con el pasar de las semanas y la falta de respuestas la huelga de hambre se convirtió en un tema de debate en todo el país. Hace días, consultado por la prensa, Morales dijo que “he hablado con el Alto Mando Militar y no hay nada que desclasificar en las Fuerzas Armadas. Y eso lo conoce la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos”.

Ayer, el Ministerio de Defensa resolvió “autorizar al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas el acceso a familiares y víctimas de regímenes militares a archivos, registros públicos y documentos existentes en las Fuerzas Armadas”. Quien lo solicite revisará los archivos acompañado del un integrante de la APDH, un funcionario del Ministerio de Justicia y un escribano. “Si existieran documentos que todavía no fueron revisados con prolijidad para descubrir más elementos, ahí está la resolución ministerial que acabamos de promulgar. Está la voluntad política del gobierno”, dijo el ministro Walker San Miguel.

En las organizaciones de derechos humanos son escépticos. “Una resolución ministerial no es tan fuerte. Un decreto o una ley serían mejor. Hay que ver cuál será la reacción de los militares, pero creo que no se va a avanzar mucho”, indicó la titular de la Asofamd.

“Es insuficiente esta resolución. La clasificación ha sido hecha por ley. Según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, para desclasificar archivos hace falta una orden judicial o una solicitud del Congreso. Hemos tenido estos elementos y ni así han acatado la orden. Por eso creemos que la resolución ministerial por orden jerárquico es insuficiente”, dijo a este diario Olga Flores, que lleva dos semanas de ayuno.

“Somos víctimas de un pacto de silencio que comenzó con el gobierno espurio de (el ex dictador entre 1971-1977) Banzer. Este pacto se mantuvo en estos 25 años de democracia manejada por Banzer y el banzerismo. Entendemos que el gobierno de Morales tiene las manos limpias, pero en estos tres años de su presidencia hemos realizado varios esfuerzos para pedir algo elemental: que se cumpla la ley. Como no tuvimos resultados, hemos recurrido a la huelga de hambre”, dijo la hermana de Carlos Flores.

“No somos de palo y lo hemos comprobado en estos días de huelga. Nos gratifica que la sociedad sea solidaria. Somos tres mujeres que hemos logrado insertar en la agenda nacional un tema que se tenía olvidado. Aunque somos familiares creemos que esta lucha no es personal. Se trata de una causa nacional para terminar con la impunidad”, afirmó Flores.