Un juez federal de Estados Unidos rechazó ayer una petición del gobierno de Barack Obama para seguir manteniendo en secreto la evidencia que justifica la detención de más de 100 prisioneros en esa cárcel. El fallo, de haber llegado antes, podría haber beneficiado al yemenita Mohamed Abdalá Ahmad Salih, que fue hallado muerto el lunes por la noche en su celda, en lo que fue catalogado como un aparente suicidio.

Desde hace tiempo diversas asociaciones de derechos civiles así como sectores de la prensa y los propios abogados de los detenidos venían reclamando poder tener acceso a las evidencias acumuladas en su contra, sin las cuales, según los abogados, su tarea era imposible.

Refiriéndose al supuesto suicidio de Salih, Ben Wizner, de la Asociación Americana por los derechos Civiles (ACLU), señaló: “Esta clase de acto desesperado sólo puede ser provocado por la incertidumbre que tiene esta gente al no saber si algún día será puesta en libertad”.

Ayer, el juez distrital Thomas Hogan dio un paso para revertir esa situación al dictaminar que Washington no puede evitar que se publiquen documentos que contienen evidencias, pruebas y cargos contra Salih y los otros 239 detenidos de Guantánamo.

En todo caso, argumentó el juez, el Poder Ejecutivo debe buscar la aprobación de la Corte Suprema para mantener en secreto cierta información específica. La razón, de acuerdo con el magistrado, es que esa información es de interés para el pueblo norteamericano.

“El interés público en la Bahía de Guantánamo en general, y específicamente en estos procedimientos judiciales, ha sido inquebrantable desde hace mucho tiempo –sostuvo el juez–. Por lo tanto, revelar los documentos ilustrará a la ciudadanía y mejorará las percepciones sobre la justicia del proceso”, precisó.

Asimismo, Hogan explicó que el acceso a las pruebas contra los detenidos en calidad de sospechosos de terrorismo es la única forma de garantizar una mayor supervisión no solo de las detenciones sino del mismo procedimiento. “La transparencia, en estos casos, ayuda a mantener el debido proceso”, explicó el juez a través del fallo.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia norteamericano archivaba bajo sello las versiones no clasificadas de sus documentos legales sobre los juicios militares de Guantánamo para que sólo sean vistas por jueces, fiscales y funcionarios. De acuerdo con el organismo, esto era necesario en aras de la seguridad nacional luego de que se descubriera que algunos registros no clasificados que se habían archivado públicamente contenían por error algunas informaciones clasificadas.

De acuerdo con la sentencia, antes de finales del próximo mes de julio el Departamento de Justicia deberá hacer públicos los documentos sin clasificar o bien expresar ante el tribunal qué información específica quiere mantener en secreto, lo que pasará a ser un nuevo eje de debate. Sin embargo, fuentes gubernamentales citadas por el Washington Post indicaron que el gobierno federal no tendría intenciones de demorar la divulgación de las pruebas.

Mohamed Salih fue encarcelado en la prisión estadounidense de Guantánamo en febrero de 2002. Desde entonces se encontraba detenido y aislado sin cargo alguno y sin tener acceso a las pruebas en su contra.

El caso de Salih es el quinto en una lista de prisioneros que se quitaron la vida en la cárcel de Guantánamo. Según informaron las autoridades militares norteamericanas citadas por el diario The Washington Post, el yemenita habría estado en huelga de hambre y, a pesar de que su cuerpo fue hallado sin vida el lunes por la noche, la noticia solo se comunicó ayer al mediodía.

De acuerdo con el comunicado emitido por el ejército de Estados Unidos desde Miami, la demora se habría debido a que primero debía notificarse a las autoridades de Yemen, país del cual son originarios unos 100 prisioneros de los 240 que actualmente permanecen en la prisión estadounidense. El gobierno de Washington se muestra más que reticente a repatriar a algunos de los detenidos de esa nacionalidad, bajo el supuesto de que aunque no haya pruebas en su contra, el gobierno de ese país podría seguir torturándolos.