Desde Lima

La cifra de muertos subió ayer a más de cincuenta luego de la violenta represión policial contra un piquete de nativos amazónicos que bloqueaban una carretera de la selva en protesta contra una serie de leyes dadas para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que afectan a sus comunidades.

El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la zona de la masacre, más de treinta, aunque el gobierno sólo ha admitido la existencia de nueve víctimas civiles. Ayer se conoció que nueve policías murieron durante la toma, el viernes, por un grupo de indígenas de una estación de la empresa petrolera estatal Petro Perú, ubicada selva adentro. Otros 22 policías secuestrados fueron liberados ayer y siete permanecían desaparecidos. Los heridos son más de 150 y los detenidos bordean el centenar. El líder de los indígenas, Alberto Pizango, pasó ayer a la clandestinidad luego que se emitiera una orden de captura en su contra. Se especuló que éste había viajado a Bolivia, pero dirigentes de la organización indígena aseguraron que Pizango, quien está acusado de rebelión y de incitar a la violencia, permanecía en Lima. En Bagua, lugar de la matanza, se impuso un toque de queda entre las tres de tarde y las seis de la mañana. Las comunidades indígenas denunciarán al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los indígenas amazónicos, que suman unos 350 mil, se levantaron contra el gobierno hace dos meses exigiendo la derogación de nueve leyes dictadas por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos. Estas leyes facilitan el ingreso a la Amazonia de las transnacionales petroleras y mineras y la venta de amplias extensiones de bosques a compañías madereras y empresas dedicadas a la producción de biocombustibles. Las comunidades nativas reaccionaron en contra de este paquete legal por considerar que afectan los derechos sobre sus tierras y amenazan el ecosistema de la Amazonia, donde viven.

Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta. Esta omisión convierte estas leyes en inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado por su inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogatoria de estas normas legales pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indígenas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policía reprimir a los nativos.

“Si estas leyes se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, madereras, productoras de biocombustibles, y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estas leyes es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura”, le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, uno de los más importantes investigadores sobre la Amazonia peruana.

Página/12 conversó telefónicamente con Incam Santiac, líder indígena de la etnia Awarun, ubicada en la zona fronteriza con Ecuador, quien estuvo presente durante la violenta represión contra los indígenas en la Curva del Diablo. “Nosotros estábamos durmiendo en la pista cuando la policía nos atacó. Eran las cinco y media de la mañana. Primero lo hizo con gases lacrimógenos y cuando vieron que no nos podían sacar de ahí, comenzaron a disparar. Disparaban al cuerpo, a matar. Nos disparaban desde un helicóptero y desde los cerros. Un hermano cayó muerto a mi lado. Muchos cayeron por las balas. El ataque duró hasta las dos de la tarde, cuando logramos replegarnos a Bagua. El gobierno miente cuando nos acusa de haber disparado a la policía. Nosotros sólo teníamos lanzas y flechas. Los policías deben haber muerto por el fuego cruzado de ellos mismos. Hasta ahora no nos dejan recoger a nuestros hermanos muertos, que siguen botados en la pista. Hay más de cien desaparecidos”, relató Santiac desde Bagua. El líder indígena anuncia que se replegarán, pero que seguirán en su lucha contra el gobierno y las transnacionales que invaden sus tierras.