EL MUNDO › SEGUN EL ACUERDO, EL PAIS ANDINO ACEPTARA LAS OPERACIONES DE 800 MILITARES Y 600 CONTRATISTAS EXTRANJEROS
Washington supliría las operaciones antidrogas que dejará de realizar a partir de hoy en Manta, Ecuador. El Congreso y el Consejo de Estado colombianos reaccionaron porque no se los consultó. Desde el Ejecutivo insistieron en que no fue una imposición del Norte.
› Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín
Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para que más militares norteamericanos se instalen en el país latino. Serían 800 militares y 600 contratistas extranjeros en tres bases de Colombia. El Consejo de Estado y el Congreso de la República, que está de vacaciones, no fueron consultados al respecto, lo que suscitó fuertes críticas en estos estamentos y la oposición. Además, la decisión fue interpretada por muchos como una reacción por el cierre de la base militar en Manta, Ecuador, pues hoy vence el plazo para que un contingente norteamericano que ocupa el país vecino desde 1999 se retire del territorio, como lo ordenó el presidente Rafael Correa hace un año.
El ministro de Defensa de Colombia, general Fredy Padilla, negó que los hechos tengan relación y dijo que se trata de “un esquema de cooperación moderna”. El presidente Alvaro Uribe afirmó que “obtener acuerdos con países como los Estados Unidos para que, con todo el respeto a la Constitución colombiana y a la autonomía de Colombia, nos ayuden en esta batalla contra el terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país”.
Por su parte, el Consejo de Estado se manifestó preocupado por la decisión y pidió explicaciones. Rafael Ostau Delafont, presidente del Consejo, le recordó a la prensa un artículo de la Constitución del que “el Ejecutivo debe tener pleno conocimiento”. El artículo 189 dice que corresponde al presidente de la República “permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”, lo que contradice la afirmación de Uribe sobre el respeto a la Constitución. A última hora de ayer, llegó una suerte de reparación. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Internacionales abrió un diálogo preliminar con el mencionado Consejo.
Los militares de Estados Unidos se asentarán en el Caribe colombiano de Malambo, puerto al Norte, la localidad de Palanquero (Centro) y la base de Apiay (Suroeste). Y en próximos días podrían sumarse también las bases de Tolemaida (Centro) y Larandia (Sur), según el general Padilla. En Colombia, actualmente hay presencia de militares norteamericanos desde el Norte hasta el Sur del país. La base más grande está en Tres Esquinas, Caquetá (Sur); hay una más en Villavicencio, Meta (Centro), y en Florencia está la base de la Hacienda Larandia, donde se ubica la llamada “inteligencia técnica” del Pentágono.
El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, explicó que el acuerdo de ayer no significa que habrá más bases militares estadounidenses en Colombia. En Caracol Radio afirmó que la autorización de llegada de militares norteamericanas tiene el fin de prestar una asesoría técnica con operación de mando de las Fuerzas Militares colombianas. “No habrá ninguna restricción en ninguna base para las autoridades colombianas, solamente se aceptará esa asesoría”, indicó agregando que “no tiene nada que ver la base de Manta”.
Varios parlamentarios rechazaron la autorización y dijeron que para los tratados internacionales en ese sentido es obligatorio el concepto del Congreso. Así lo expresaron el senador liberal Juan Manuel Galán y Jairo Clopatofsky, del Partido de la U. Para la oposición, la “soberanía colombiana está marchita, estamos entregando la soberanía, nos estamos comportando como un país súbdito de Estados Unidos”, según dijo Carlos Gaviria, del Polo Democrático Alternativo.
Según AFP, “Estados Unidos supliría desde tres bases militares colombianas las operaciones antidrogas que dejará de realizar el viernes desde la base ecuatoriana de Manta, según un acuerdo que negocian Bogotá y Washington, sin ninguna prisa por parte de Colombia”. En el Palacio de Nariño se repitió que en el acuerdo “se cumple la Constitución y la ley” y que no se trata de una imposición de Estados Unidos.
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