Desde México, D. F.

El narcotráfico envió un mensaje claro a la administración de Felipe Calderón: primero ejecutó a dieciséis policías federales en menos de cuatro días y luego exigió que la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) dejen de fabricar culpables y que no se metan con sus familiares. Es decir, una guerra limpia.

Mediante una llamada telefónica a un programa de televisión local del estado de Michoacán, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los principales operadores del cartel de La Familia, propuso el miércoles “un pacto nacional” al presidente Felipe Calderón. “Cuando nos respeten a nosotros, los vamos a respetar”, amagó el narco.

“Lo que queremos es paz y tranquilidad. Sabemos que somos un mal necesario, pero si (nosotros) no estamos, entiéndalo por favor, nunca van a poder acabar, y el día que yo fallezca, van a poner a otro en mi lugar y así se va a ir, esto nunca se va a acabar. Queremos llegar a un consenso, queremos llegar a un pacto nacional, no sé de qué manera, pero tenemos que lograrlo, tenemos que ponernos las pilas”, dijo “La Tuta”.

La respuesta fue inmediata: “Para los integrantes de los grupos delictivos no hay ni puede haber más alternativa que someterse a la ley”, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

Es más, “vamos a partirles la madre”, exclamó el general Rodolfo Cruz López, responsable del despliegue de policías federales, al dirigirse a los primeros 200 policías federales que llegaron el jueves pasado a Michoacán para acorralar a La Familia. Tras ellos fueron enviados otros 5300 efectivos el mismo día, con los que suman ya más de 12 mil elementos del Ejército, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública en ese estado.

Esta ofensiva gubernamental desplegará 25 bases de operaciones en carreteras que conectan Michoacán con los estados de Guanajuato, Guerrero, Colima, Jalisco y Estado de México. Adicionalmente, contarán con 67 bases de operaciones móviles, nueve bases de operaciones mixtas integradas por militares y policías federales, y con apoyo aéreo, incluidos helicópteros artillados Blackhawk.

Calderón inició su “guerra” contra el narcotráfico apenas iniciada su administración, en diciembre de 2006, precisamente en Michoacán, sede del cartel de La Familia, sin que hasta ahora haya logrado desmantelarlo. En lugar de ello se han disparado las quejas por violaciones a los derechos humanos en contra del ejército y la policía federal.

A nivel nacional, esta “guerra” –así declarada por el propio Calderón– ha dejado más de 3700 ejecutados solamente en lo que va del año. Entre los últimos, dieciséis son policías federales que fueron secuestrados, torturados y ejecutados en Michoacán durante esta semana.

De hecho, el cabecilla de La Familia aseguró que “nuestro pleito única y exclusivamente es con la PFP y la Siedo”, porque “se llevan a nuestros hijos, se llevan a nuestras mujeres, se llevan a nuestros padres, se llevan a nuestros amigos, se llevan a gente inocente para aparentar lo que no es”.

“Ellos, si no nos respetan, no los vamos a respetar. Donde quiera que los encontremos va a suceder lo mismo y que quede claro: queremos respeto, que nos busquen, que nos persigan, pero con honor, como debe de ser, que no atropellen derechos de otras personas.”

Ofreció “honor y respeto, cuando nos ataquen directamente a no-sotros”, pero también advirtió claramente: “Que no molesten a nuestras familias, que se dediquen a agarrarme a mí, a mis muchachos, a la gente que está, que todo el mundo sabe quiénes somos”.

Según el secretario Gómez Mont, “el gobierno federal combate por igual a todos los grupos criminales, por lo que las personas contra quienes actúa la autoridad son perseguidas y juzgadas en razón de sus actos contra la ley y nunca por sus vínculos familiares o de cualquier otro aspecto”.

El llamado del narcotraficante implicó una descalificación moral a la administración de Calderón. “Quiero que el señor presidente de la República nos escuche, que no lo engañe Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública). Tiene orden de presentación en Estados Unidos, ¿por qué no se lo han llevado? Nosotros sabemos cómo está coludido con Los Zetas y Los Beltrán Leyva”, señaló “La Tuta”. En su respuesta, el secretario de Gobernación no hizo alusión a esta acusación.