Desde Santa Cruz

Quedaron atrás los tiempos en que un candidato se paraba sobre una tarima y daba un discurso. En la campaña de estos días, postularse a presidente incluye hacer denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitar compatriotas emigrados o iniciar obras de infraestructura. Hasta ordenar el comienzo del juicio a un candidato opositor, como denuncian los que compiten contra Evo Morales por la presidencia. La Cámara de Diputados, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó a la Fiscalía la realización de un juicio ordinario al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, también candidato a vicepresidente para las elecciones del 6 de diciembre próximo. Pero el MAS aclaró que Fernández –acusado por la muerte de al menos 13 personas hace un año– puede seguir en carrera mientras no haya sentencia ejecutoriada, que recién estaría dentro de tres o cuatro años.

Fernández fue invitado por Manfred Reyes Villa, candidato a presidente del partido Plan Progreso Bolivia (PPB), ex militar y ex prefecto de Cochabamba, donde su mandato fue revocado mediante voto popular el año pasado. Reyes Villa tenía su propio partido, Nueva Fuerza Republicana (NFR), pero se le venció la licencia para funcionar. Entonces recurrió a otro prefecto revocado, el paceño José Luis Paredes, creador de PPB. Según una encuesta de Ipsos, el dúo Reyes Villa-Fernández tendría el 20 por ciento de votos en diciembre. Sólo los derrotaría el MAS, con Morales a la cabeza, que conseguiría la aprobación del 54 por ciento del electorado.

En tercer lugar quedaría el empresario cementero Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), con el 11 por ciento de votos.

El próximo 15 de octubre vence la inscripción al padrón biométrico, que regulará las elecciones venideras. La Corte Nacional Electoral (CNE) anunció que ya se inscribieron casi cuatro millones de personas, más del 95 por ciento de los habilitados para votar. En España, Estados Unidos, Argentina y Brasil se anotan menos bolivianos que lo esperado. Aún no se llegó a la mitad de las 211 mil personas que podrían empadronarse fuera del país.

Reyes Villa se presentó en Estados Unidos para profetizar que destronará a Evo Morales. También recurrió a la CIDH para denunciar que su candidato se encuentra preso de manera irregular por un gobierno totalitario.

Pero según Morales, el ex prefecto fue a verse con el refugiado Gonzalo Sánchez de Lozada, punteros del Partido Republicano y “gringos” que le darían millones de dólares para su campaña. Hace días, en un esfuerzo por transparentar gastos, Reyes Villa sostuvo que su promoción tendrá una inversión de tres millones de dólares “aportados por particulares”.

La campaña comenzará oficialmente mañana, cuando todos los partidos tapen cada rincón del país con rostros de los candidatos y sus frases favoritas.

Al mismo tiempo continuará el juicio contra Fernández y otras 77 personas por la matanza de El Porvenir, desarrollada del 11 al 14 de septiembre de 2008. En esos días, en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, funcionarios prefecturales y miembros de comités cívicos habrían tomado y saqueado decenas de edificios gubernamentales, en lo que Morales llama “el intento de golpe cívico- prefectural”. Los asesinatos de Pando marcaron el cierre de la rebelión, que finalmente fue controlada por el gobierno nacional.

El informe aprobado por Diputados indica que “todos los responsables directos e indirectos, autores materiales e intelectuales, deben pasar a la Justicia ordinaria y ser procesados y sancionados como establece el Código Penal por los delitos de asesinato, terrorismo, lesiones graves, lesiones gravísimas, asociación delictuosa y otros delitos”.

El vicepresidente, Alvaro García Linera, sostuvo que “el caso de Leopoldo Fernández está en manos de la Fiscalía y de un juzgado. Allí ya se verán las responsabilidades. Que haya un resultado favorable o en contra de algún prefecto, lo vamos a ver en los siguientes dos o tres o cuatro años por lo menos. Garantizo que esto no va a dificultar ninguna postulación”.

El diputado del MAS Jorge Silva recomendó enjuiciar a otros organismos del Estado por su complicidad con la matanza de El Porvenir. “La Fiscalía de Distrito, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, los centros hospitalarios y otras autoridades deben ser sometidas ante el juez competente para determinar el grado de participación y responsabilidad sobre los hechos”, dijo Silva a la Red Erbol.

“No puedo aprobar este informe porque es totalmente sesgado, totalmente apartado de la objetividad, la imparcialidad y de la ecuanimidad, principios elementales en todo proceso de investigación y de juzgamiento”, dijo la diputada Marisol Abán, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Este partido, que tuvo entre sus militantes al ex presidente Sánchez de Lozada, no presentará un candidato propio. Tampoco Poder Democrático Social (Podemos), principal opositor al MAS. Su dirigente, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, había anunciado su postulación. Pero finalmente se bajó porque los números no lo convencían.

El año pasado, con el asesinato de los campesinos, el gobierno y la oposición negociaron una salida “democrática”, que implicaba consensuar un texto constitucional definitivo, raíz de la discordia. Esa Constitución fue finalmente aprobada el 25 de enero pasado. Una de las promesas de Reyes Villa –quien asegura que su 20 por ciento crecerá– es modificar la Carta Magna acordada por el oficialismo y la oposición.