El futuro político de Silvio Berlusconi podría decidirse en las próximas horas. La Corte Constitucional italiana comenzó ayer a examinar la constitucionalidad de la ley que garantiza la inmunidad penal del primer ministro y, en caso de derogarla, la Justicia quedaría habilitada para ir tras Il Cavaliere en diversas causas por evasión fiscal ligadas a su grupo de inversión Fininvest. “Por ningún motivo renunciaré al mandato de las urnas”, advirtió Berlusconi. La Corte se encuentra en deliberaciones. El fallo podría conocerse hoy mismo.

La ley o “Laudo” Alfano es el eje de la disputa. Sancionada en julio del 2008, seis semanas después de que el magnate mediático y financiero reasumiera el poder en Italia, la ley, bautizada de ese modo en alusión a Angelino Alfano, ministro de Justicia, congela todos los juicios en curso contra los cuatro cargos más altos del Estado durante el tiempo que dure su mandato. Los protegidos son, de acuerdo con el texto, el presidente de la República, el primer ministro y los dos presidentes del Parlamento.

Según los recursos presentados por un grupo de magistrados de los tribunales de Milán y de Roma, la ley es inconstitucional ya que viola el principio de igualdad ante la ley. Por eso, solicitaron audiencia ante el máximo órgano en Roma. La causa, tras varias idas y vueltas, llegó a la capital. Ayer, los quince jueces de la Corte Constitucional, vestidos con toga negra y el clásico cuello de encaje, abrieron la audiencia con la lectura de las presentaciones.

Acto seguido, llegó el turno de las espadas de Il Cavaliere. Gaetano Pecorella y Niccolo Ghedini, abogados de Berlusconi y a la sazón parlamentarios por su partido, Il Poppolo della Libertà (El pueblo de la libertad), defendieron la posición de su cliente. A su lado, los acompañó Glauco Nori, procurador del Estado. Según éstos, la ley, por definición, es la misma para todos los italianos, pero a veces su aplicación podría no serlo. La ley Alfano, además, según los colaboradores de Berlusconi, no garantiza una inmunidad vitalicia, ya que sólo suspende temporalmente los juicios en curso. En ese sentido, colabora con la gobernabilidad del país y protege al cargo del primer ministro, quien no sería, según su argumento, un legislador más.

“Se provocarían daños a los cargos electivos y éstos no podrían cumplir con sus compromisos”, señaló la defensa de Berlusconi. “El jefe de gobierno no puede ser considerado un simple parlamentario, debe ser considerado como un hombre ‘primus super pares’ (primero sobre sus pares)”, argumentó Pecorella.

Tras dedicar la jornada de ayer a escuchar argumentos sin tomar una decisión, se estima que el tribunal podría dar ese paso hoy mismo. Sin embargo, fuentes judiciales habrían deslizado que, debido a las posibles consecuencias políticas del asunto, los magistrados podrían demorar su resolución hasta unas dos semanas más.

Es que, si los jueces deciden levantar la inmunidad consagrada por el Parlamento, varios procesos judiciales contra Berlusconi quedarían desbloqueados, con la consecuente obligación del premier de presentarse a declarar y las especulaciones de que, para hacerlo, tendría que renunciar a su cargo.

El prontuario que quedaría libre de trabas para complicar la vida pública del hombre más poderoso de Italia se relaciona, sobre todo, con causas vinculadas con evasión fiscal, sobornos, transacciones financieras ilegales e inducción a la prostitución en conjunto con el empresario Gianpaolo Tarantini por organizar y participar de orgías con prostitutas y cocaína en residencias gubernamentales.

El sábado pasado, el tribunal de apelaciones de Milán condenó a la firma Fininvest, propiedad de Berlusconi, a pagar una indemnización de 750 millones de euros al empresario mediático Carlo de Benedetti por la compra ilegal de la casa editorial Mondadori. Según dictaminaron los jueces, la Justicia asignó en su momento el control de la mayor editorial italiana al grupo de Il Cavaliere en base a un soborno a un juez. En el fallo, Berlusconi fue hallado de “corresponsable de corrupción”.

Asimismo, el primer ministro italiano también podría ser juzgado por haber sobornado con 600.000 dólares al abogado inglés David Mills para que éste testimoniara en su favor en dos procesos sobre la legalidad de fusiones empresarias. El pago del soborno se comprobó. Sin embargo, debido a la ley Alfano, el único que pagó fue el inglés.