¿Se resolvió la crisis política en Honduras? Si bien se abrió una ventana de oportunidades, todo parece indicar que no hay demasiado lugar para el optimismo. Conviene recordar lo que dijéramos en estas mismas columnas al producirse el golpe: que Micheletti sólo permanecería en el poder en la medida en que contara con el apoyo, activo o pasivo, de Washington. Cuatro meses demoró la Casa Blanca en comprender el alto costo que tenía sostener a un régimen golpista en la región. Acuciado por los diversos problemas que enfrenta en su política exterior –sobre todo por el rápido deterioro de la situación en Afganistán y Pakistán y el empantanamiento de sus tropas en Irak–, Obama dio un golpe de timón que descolocó a su secretaria de Estado Hillary Clinton, principal artífice del apoyo a los golpistas, y envió a Thomas Shannon a Tegucigalpa con el encargo de restaurar el orden en el convulsionado patio trasero. Poco después Micheletti archivaba sus bravuconadas y aceptaba mansamente lo que hasta entonces era

inaceptable. Claro, poco antes Shannon había transmitido el terminante mandato imperial. Para dulcificar el mal rato hizo pública su admiración por los dos líderes de la democracia hondureña: el golpista y el destituido.

Zelaya propone un programa de tres puntos: restitución, amnistía y gobierno de reconciliación nacional. La primera deberá ser resuelta por el Congreso, el mismo organismo que convalidó con entusiasmo el golpe de Estado y no ahorró insultos y calumnias en su contra. Habrá que ver, pero no será sencillo. Amnistía, ¿para quiénes? ¿Para los funcionarios civiles y militares de un gobierno que violó los derechos humanos y conculcó todas las libertades? ¿O aceptaría Zelaya ser amnistiado por delitos que no cometió, como por ejemplo tener la osadía de pretender preguntarle a su pueblo si es que estaba de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente? Y ni hablar de la tercera cláusula, íntimamente vinculada a la anterior. Porque, en las actuales condiciones, ¿un gobierno de reconciliación nacional no es acaso un pasaporte al olvido, a la desmemoria, a la impunidad?

Un somero balance de la crisis y su aparente resolución revela que los golpistas pueden sentirse satisfechos porque preservaron sus dos principales objetivos: destituir a Zelaya, aunque reasuma por unos pocos meses más hasta que finalice su mandato; y haber logrado el reconocimiento internacional de las viciadas elecciones del 29 de noviembre, cosa que el propio Shannon se encargó de asegurar. A su vez la oligarquía hondureña se saca de encima el peligro de una escalada más agresiva de Estados Unidos contra sus propiedades y privilegios, cosa que podría haber ocurrido si no se producía un acuerdo. Un eventual control más pegajoso de Washington sobre sus activos y fondos en Estados Unidos le quitaba el sueño, y la intransigencia de Micheletti se convertía en una amenaza innecesaria a sus intereses.

Para Zelaya el balance resulta mucho más complejo, y es precisamente eso lo que ensombrece el panorama hondureño. Su restitución no remueve para nada las causas profundas que provocaron el golpe de Estado. Además, en tal caso, ¿convalidaría sin más los resultados de unas elecciones plagadas de gravísimas irregularidades y cuya campaña se desenvolvió bajo el clima de violencia y terror impuesto por los golpistas? Micheletti ya está haciendo sonar los tambores de guerra. Apenas cerrado el acuerdo declaró a la CNN en Español que una vez restituido en el poder “Zelaya y la gente que le acompaña estamos seguros de que van a emprender una campaña de persecución. Sólo el que no conoce la actitud de Zelaya se cree que no habrá consecuencias”. Y tal vez por eso, mujeres y hombres que ganaron las calles de Honduras, más allá de lo que ocurra con este acuerdo, decidan seguir avanzando en sus luchas por la construcción de una Honduras diferente, esa que no se consigue con injustas amnistías o espurias reconciliaciones.

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