“Aplaudo todo paso a favor de la paz; éste es un buen anuncio”, dijo ayer el senador de izquierda Carlos Gaviria al referirse al comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de un “cese total de hostilidades -no una tregua navideña– a partir del 1º de diciembre, confiando en la reciprocidad del Estado hacia nuestras tropas”, firmado por los máximos líderes de esa organización, encabezados por Carlos Castaño. Este grupo armado paramilitar, señalado como el mayor violador de derechos humanos en Colombia, afirma así su disposición de iniciar de “inmediato un diálogo” con la mediación de la Iglesia Católica y participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU. A Unicef se le pide que reciba de inmediato a los menores de edad que hay en sus filas, y a ACNUR, que contribuya al retorno de los desplazados: más de dos millones de desterrados, víctimas en su mayoría de la acción paramilitar.
En una carta dirigida al gobierno y difundida a través de su página en Internet, esta organización de más de 10.000 hombres en armas, que se financian en gran parte del narcotráfico, exigen, entre otras, el sostenimiento de sus tropas durante la negociación, y la defensa y protección de las poblaciones que tienen bajo su control. Estas zonas “liberadas por las Autodefensas de la intimidación subversiva” serán entregadas al Estado que debe asumir “sin dilaciones y contando con nuestra participación cívica y democrática”, su defensa y protección.
La organización ilegal demandó al gobierno que divulgue por todos los medios la condición de las Autodefensas como actor del conflicto armado. Advierte también que si los grupos guerrilleros ingresan a los territorios bajo control de los paramilitares, éstos reaccionarán “en uso del derecho de legítima defensa”.
La Iglesia facilitó este acercamiento entre paramilitares y gobierno. A comienzos de octubre, cinco obispos se reunieron con sus líderes y, a mediados de este mes, se produjo el encuentro del alto comisionado para la Paz del Gobierno, Luis Carlos Restrepo, con varios comandantes paramilitares. En la Declaración por la Paz en Colombia, como titularon la carta dirigida al gobierno, insisten en su reconocimiento como actores del conflicto armado y político del país. “Analizados de manera objetiva y con necesaria perspectiva histórica no caben dudas de que todos nuestros actos han sido acciones de tipo político”, afirman.
El senador Carlos Gaviria siente un solo temor: que el proceso tome un rumbo equivocado y lleve a la legalización de estos grupos. “Este país tan deshecho no se puede reconstruir en base a la impunidad”. Sin embargo, cree que la existencia de esa posibilidad “no es argumento para matar este embrión que puede dar buenos resultados”. Por eso pidió a la opinión nacional e internacional mantener un riguroso seguimiento al proceso.
En relación con esto, los paramilitares indicaron que “para favorecer el desarrollo de los diálogos con el gobierno nacional, solicitamos la suspensión de las acciones legales contra los miembros negociadores de las Autodefensas, con total respeto por la ley vigente o a promulgarse”. Es sabido que los dos máximos líderes de la organización, Castaño y Salvatore Mancuso, fueron pedidos en extradición por Estados Unidos en septiembre pasado y no está claro cómo podría afectar esa medida en un proceso de paz liderado por ambos.
En su carta, los paramilitares desmienten los análisis que se realizaron en las últimas semanas, según los cuales se encuentran divididos, y señalan que pueden garantizar un acuerdo integral. Asimismo, anuncian su intención de auspiciar foros y debates en diversas regiones del país, con el objeto de que los estamentos de la sociedad discutan caminos hacia la reconciliación. La decisión de los paramilitares se conoce menos de una semana después de que el propio presidente Alvaro Uribe reconociera que se estaban efectuando diálogos con los paramilitarescon la mediación de la Iglesia Católica. Los jefes militares dieron una cautelosa bienvenida al anuncio de ayer.