Después del asesinato de más de 260 mujeres y la desaparición de casi 4600, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por el mundialmente conocido feminicidio en Ciudad Juárez. Esta semana el tribunal creado por la OEA falló en el caso de tres jóvenes de entre 15 y 19 años que aparecieron muertas en un descampado en las afueras de la ciudad, fronteriza con Texas, Estados Unidos. Fue una sentencia histórica que tardó ocho años en gestarse.

“Estábamos esperando que la sentencia fuera fuerte porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que el gobierno estaba haciendo algo para que el feminicidio termine”, celebró Irma Casas, la directora de la ONG Casa Amiga.

La corte internacional reconoció que el gobierno de Vicente Fox, primero, y luego el de Calderón les negaron a las familias de las víctimas dos principios democráticos básicos: justicia y reparación. “Ahora queda establecido que el Estado también es responsable de la reparación de las víctimas y de garantizar que estos hechos no se repitan”, explicó David Peña, uno de los abogados que llevaron el caso ante el tribunal en Costa Rica.

El fallo aún no se hizo público, pero las familias querellantes esperan que el tribunal internacional obligue al gobierno de Felipe Calderón a tomar acciones concretas para frenar la violencia sistemática que vive el estado del norte mexicano. Según las organizaciones de derechos humanos mexicanas, en lo que va del año más de 110 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez y sus alrededores. Además, la región sufre los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y el Ejército, que desplegó Calderón hace más de un año para combatirlas.

El 29 de octubre de 2001 la policía local encontró ocho cuerpos en el campo algodonero, como los vecinos bautizaron a un descampado aledaño a una maquila textil, en donde ahora se construye el nuevo consulado norteamericano. Todos los cadáveres pertenecían a mujeres jóvenes. Sólo tres lograron ser identificados: Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Claudia Ivette González, de 19, y Laura Berenice Ramos, de 17. Sus familias las estaban buscando, pero la policía no les avisó. Se tuvieron que enterar por la televisión. A la mamá de Esmeralda, Irma Monreal, no le sorprendió, ya se lo esperaba. “La primera vez que fui a la policía y a las autoridades pidiendo ayuda, ellos me respondieron: `Señora, vaya y búsquela usted y pregunte a ver qué le dicen, y según lo que usted investigue, pues viene y nos lo dice’”, recordó, en diálogo con el diario español El País.

Cansada de recibir ese tipo de respuesta, Monreal y las madres de las otras dos víctimas que fueron identificadas presentaron una demanda ante la CIDH en Costa Rica. Las acompañaron y asesoraron un grupo de ONG mexicanas y latinoamericanas. Según sostenían en la denuncia, el Estado mexicano no sólo ofreció la protección mínima a la población de Ciudad Juárez, sino que además no cumplió con la debida diligencia para investigar los crímenes.

El jueves pasado, el mismo día que en la corte comunicaba informalmente su decisión a los querellantes, cinco hombres aparecieron muertos en el centro de la ciudad, cuatro de ellos policías. En las afueras, otras tres personas fueron acribilladas en plena luz del día. “La violencia se ha vuelto más cruda y se ha extendido a más espacios porque la impunidad reina. Esperamos que la resolución de la Corte sea una exigencia para que el Estado responda”, señaló la dirigente social, Irma Casas.

La respuesta del Estado mexicano llegó incluso antes que el texto completo del fallo de la CIDH. Esta semana, ante la inminencia de la sentencia, el gobierno de Calderón emitió un comunicado para informar que la Justicia mexicana reinició las investigaciones sobre los tres asesinatos. “Están avanzando según estándares internacionales de seriedad, imparcialidad y exhaustividad”, destacó el comunicado. Oscar Máynez, ex jefe de medicina forense del estado, disiente. “En México no existe el estado de derecho”, sentenció al diario español El Mundo. Convencido de eso, en 2002 renunció a su cargo y desde entonces denuncia la impunidad que reina en su país.