Desde Santiago

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, imputó a Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, a su abogado y albacea Oscar Aitken y a dos máximos responsables del Banco de Chile por el delito de blanqueo de dinero en conexión con otro de alzamiento de bienes. La medida de Garzón provocó la reacción no sólo de la familia Pinochet, sino también del candidato conservador a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera.

Tras conocerse que el magistrado europeo –a petición de la Fundación Española Presidente Allende– fijó una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77 millones de dólares para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso, el nieto del genocida, Rodrigo García Pinochet, salió en defensa de su abuela. “Nuestro país tiene un sistema judicial sólido en el cual hemos confiado con toda la colaboración”, dijo el “Pinochetito”, sobre el juicio por las cuentas secretas en el Banco Riggs. García Pinochet, conocido además por realizar un encendido discurso en los funerales de su abuelo, en 2006, que le costó finalmente su salida de las Fuerzas Armadas, es hoy candidato a diputado independiente por uno de los barrios más caros de Santiago. “Finalmente se ha ido demostrando que aquellas imputaciones eran falsas y a cinco años de esta investigación no hay ningún familiar del ex presidente Augusto Pinochet procesado”, añadió.

Desde otro flanco, uno de los más fieles colaboradores de Pinochet, el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Luis Cortés Villa, dijo que la medida es sospechosa en el escenario eleccionario actual –donde el candidato de derecha, Sebastián Piñera, lidera las encuestas–, dejando entrever que sería una maniobra para favorecer al postulante a La Moneda por la Concertación, Eduardo Frei.

El propio Piñera no escondió sus dudas sobre el juez español, reconocido en todo el mundo por las causas de derechos humanos que llevó adelante. “Ha tenido muchos problemas, ha sido cuestionado, investigado –dijo el dueño de Lan Chile–. Este caso demuestra con claridad la necesidad de que Chile pueda regirse por las normas de un Tribunal Penal Internacional, con jueces que dan las garantías y no estar sujetos a la iniciativa de un juez extranjero.”