En la tenebrosa Argentina de la dictadura pensar era un crimen y, por lo tanto, todos éramos sospechosos. Nadie sintetizó mejor esta visión criminal y paranoica del mundo que el general Ibérico Saint Jean cuando dijo que “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”. Esta sombría reflexión acude inmediatamente a nuestra mente al leer las noticias que dan cuenta de la razzia practicada por la policía española y la Guardia Civil y que culminó con la detención y el traslado a Madrid de 34 jóvenes del País Vasco acusados de “terroristas”.

En España, tan exaltada como ejemplo de una exitosa transición desde el franquismo a la democracia, aquel apelativo puede ser aplicado a cualquier persona que en Euskadi propicie una solución negociada al conflicto político que agita al País Vasco, o una amnistía o, simplemente, que exija se ponga fin a las torturas que se aplican rutinariamente –pese a las numerosas denuncias de organismos internacionales– a quien tenga la desgracia de caer en manos de las fuerzas represivas del Estado español. La irracional intransigencia de Madrid queda muy bien sintetizada en las palabras dirigidas hace poco por el ministro del Interior a los independentistas vascos: “Aun en el caso de que la izquierda abertzale dijese que condena la violencia y solicitara su legalización, la respuesta va a ser radicalmente no”. Este mismo personaje anteriormente había planteado a los independentistas la opción “o votos, o bombas,” y cuando éstos dijeron “votos” –y presentaron la candidatura Iniciativa Internacionalista– este santo varón, demócrata hasta el tuétano, los condenó a una permanente ilegalidad. Cerrados todos los caminos legales, no hace falta ser un sabio para inferir que las vías extralegales se nutrirán con el creciente apoyo de quienes no quieren renunciar al derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La doctrina del terrorismo omnipresente tan cara a los militares argentinos fue aplicada en esta oportunidad contra una organización juvenil, Segi. Lo tragicómico de todo esto lo retrata una vez más el diario El País (otro mito periodístico, de prestigio tan manufacturado como inmerecido), cuando informó a sus lectores que mediante el “vandalismo terrorista Segi buscaba aumentar la presión sobre las llamadas ‘luchas prioritarias’: la construcción del ‘estado vasco’ y el combate contra el tren de alta velocidad, el modelo educativo de Euskadi y la especulación inmobiliaria”. Como se puede apreciar, estos jóvenes prisioneros tenían una agenda no sólo revolucionaria, sino también terrorista: oponerse al tren bala que destruiría el medio ambiente y dividiría regiones enteras del país es un acto innegablemente vandálico y terrorista, lo mismo que discutir el modelo educativo (cosa que se está haciendo por doquier en Europa) y combatir la especulación inmobiliaria.

En su gran mayoría, Segi está formada por jóvenes universitarios independentistas; como si fuera un insulto, la información oficial dejó saber que algunos de estos vándalos “ocuparon cargos de representación estudiantil en la Universidad”. Según el Ministerio del Interior, los detenidos lo habrían sido por “ejercer presuntamente funciones de responsabilidad en Segi”. Es decir, se presume la comisión de un delito, y eso basta para encarcelar a los sospechosos en una redada efectuada, como en la Argentina de aquellos años de plomo, a altas horas de la madrugada y a cargo de personal encapuchado. Basta con relacionar a los inculpados con cualquier persona u organización que en el pasado haya actuado en la legalidad defendiendo el proyecto independentista o compartir el proyecto estratégico de la independencia y el socialismo –aun cuando se condene los métodos violentos para lograrlo y se opte por las tácticas del Mahatma Gandhi– para que a cualquiera lo acusen de terrorista. Pensar o soñar son delitos imperdonables en Euskadi. Las violaciones a los derechos humanos que Madrid perpetra a diario en Euskadi son absolutamente incompatibles con la democracia. A Madrid le convendría estudiar lo ocurrido y convencerse de que si no detiene la aplicación de la “fórmula Saint Jean” para enfrentar las aspiraciones independentistas de los vascos podría enlutar aún más el futuro de los diversos pueblos y naciones que, dificultosa y conflictivamente, conviven en el Estado español.

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