Desde Madrid

La profunda crisis económica y el déficit que padecen muchos municipios españoles a la hora de ofrecer servicios públicos a sus ciudadanos han contribuido a colocar una vez más a la inmigración en el centro del debate político, luego de que la pequeña localidad de Vic, en Cataluña, les negara a los inmigrantes sin papeles la pasada semana el derecho a empadronarse. Lo que sucedió “en Vic es un camino que no conduce a ninguna parte” sostiene el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una extensa entrevista publicada ayer por el diario El País, a pesar de que el municipio de Vic está gobernado por sus propios correligionarios, mientras que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, pide endurecer aún más la Ley de Extranjería, modificada en octubre del pasado año con el fin de hacerles la vida más difícil a los inmigrantes.

Más de cuatro millones de desempleados, una cifra que no para de crecer y que representa el 20 por ciento de la población activa, y un severo déficit de servicios públicos fruto del considerable aumento de la población registrada en el país durante los últimos diez años y de las políticas neoliberales aplicadas por el Estado tanto en gobiernos socialistas como conservadores, forman el cóctel perfecto en el que germinan expresiones de xenofobia cada vez más preocupantes y discursos políticos cada día más restrictivos hacia los inmigrantes. En ese contexto, el pleno del ayuntamiento de la pequeña localidad de Vic, gobernada por el Partido Socialista Catalán –filial local del PSOE–, Izquierda Republicana y los conservadores de Convergencia i Unió, decidió negarles a los inmigrantes el derecho a empadronarse, una medida expresamente prohibida por la legislación vigente que exige a los gobiernos locales registrar a todos los inmigrantes independientemente de su situación legal. Con esta medida el municipio de Vic les niega a los sin papeles la posibilidad de obtener cobertura sanitaria, recibir ayudas públicas, registrar a sus hijos en las escuelas, y un sinnúmero de ventajas que se consiguen sólo si la persona figura en el padrón local.

Esta disposición legal existe desde 1997, cuando el gobierno del conservador José María Aznar, del que Mariano Rajoy era ministro de Administraciones Públicas, consideró que era más importante controlar el flujo inmigratorio que poner obstáculos a los sin papeles, y dejó bajo la órbita del Ministerio del Interior considerar las situaciones de irregularidad, aunque los datos que figuran en los padrones no pueden ser utilizados por la Policía para deportar a los irregulares.

Ahora Rajoy pide cambiar esta normativa que él mismo aprobó cuando estaba en el gobierno, aunque no especifica cómo ni cuánto se deben recortar los derechos de los inmigrantes, que ya han sufrido una considerable poda durante la última reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Parlamento en octubre pasado, que prohibió entre otras cosas el reagrupamiento familiar con los padres a los inmigrantes en situación regular. Por su parte, Zapatero criticó con dureza la decisión tomada por sus propios correligionarios socialistas en el municipio de Vic, afirmando en una extensa entrevista publicada por el diario El País que “el comportamiento del 98 por ciento de la sociedad española hacia la inmigración, después de que hayan venido a vivir a nuestro país cuatro millones en los últimos diez años a trabajar, y teniendo una crisis económica y de empleo como tenemos, ha sido ejemplar”.

Zapatero va aún más allá de la polémica en torno de la decisión tomada por los concejales de Vic y recuerda que “Europa tiene un problema demográfico de gran envergadura porque perderá en los próximos treinta años casi cincuenta millones de trabajadores activos”, por lo que “necesitamos esa fuerza laboral, necesitamos trabajadores. Esta es una reflexión incómoda” remata el dirigente socialista, pero “no plantearla es jugar a corto plazo”.

El Partido Popular, mientras tanto, juega la misma baza que jugó con éxito el conservador Nicolas Sarkozy en las últimas elecciones francesas, endureciendo su discurso con el objetivo de quitarles votos a los socialistas en los barrios periféricos donde más se nota la crisis económica y donde mayor es la competencia por los escasos servicios públicos deteriorados por largos años de políticas neoliberales y la falta de estructuras adecuadas para atender el gran flujo de inmigrantes que llegó al país en la última década. Según el PP, la política “blanda” del PSOE es la máxima responsable de lo que denominan “efecto llamada”, y esa sería la supuesta razón por la que vinieron tantos inmigrantes al país en los últimos tiempos. Pero la realidad sugiere otra cosa. Esta semana se conocieron estadísticas oficiales que afirman que el flujo inmigratorio ilegal descendió el 80 por ciento durante el 2009 y que la cifra viene en caída libre desde que comenzó la crisis económica en 2007. Los inmigrantes también leen las noticias y nadie viene ya a un lugar en el que el trabajo se ha vuelto escaso. Mal que les pese a los dirigentes conservadores, es la implacable ley del mercado laboral la que produjo el famoso “efecto llamada” y ahora que esa demanda se redujo el flujo inmigratorio disminuyó a niveles que no se registraban desde 1999.